Plan de Cuernavaca

El Plan de Cuernavaca fue un pronunciamiento realizado por Ignacio Echeverría y José Mariano Campos el 25 de mayo de 1834, en contra de las medidas reformistas impulsadas por Valentín Gómez Farías. Este evento marcó un punto crítico en la política mexicana del siglo XIX, revelando tensiones profundas entre los partidarios del liberalismo y los defensores del conservadurismo.

El artículo se centra en el período comprendido entre marzo de 1833, cuando Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías asumieron sus respectivos cargos, y mayo de 1834, cuando se llevó a cabo el Plan de Cuernavaca. Se abordarán los antecedentes del conflicto entre la administración liberal y el clero alto, así como las acciones de Santa Anna que sentaron las bases para el pronunciamiento conservador.

Marco histórico, política reformista

En marzo de 1833, Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías asumieron los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. Ambos alternaron la titularidad del poder ejecutivo debido a las frecuentes ausencias de Santa Anna, quien se ausentaba para combatir levantamientos militares o para "reponer su quebrantada salud". Durante el período en que Gómez Farías ocupó la vicepresidencia, implementaron medidas reformistas que afectaron directamente al ejército y a la Iglesia católica.

En materia militar, se propuso una ley para aumentar las milicias y transferir su control a los Estados, con el objetivo de aliviar el presupuesto federal. Esta medida desencadenó rebeliones como las de Escalda y Durán, que se pronunciaron bajo el grito de "Religión y fueros". En respuesta, Santa Anna solicitó permiso para tomar el mando del ejército y combatir a los rebeldes. El Congreso emitió la "Ley del Caso" en junio de 1833, ordenando el exilio de opositores al régimen reformista.

En materia eclesiástica, se eliminó el diezmo obligatorio y se cerraron instituciones educativas como el Colegio de Santa María de Todos Santos. Los bienes de las misiones en California fueron incautados, y se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y los Territorios de la Federación. Se establecieron nuevas escuelas primarias, normales y especializadas, lo que afectó directamente a la estructura educativa del país.

En noviembre de 1833, se emitió un decreto ordenando la disolución de cuerpos militares sublevados en contra de las instituciones federales. Estas medidas reformistas provocaron una fuerte oposición por parte del clero alto y de sectores conservadores, sentando las bases para el pronunciamiento que eventualmente llevaría a la caída de Gómez Farías y al inicio de la dictadura de Santa Anna.

Resistencia del clero alto y apoyo de Santa Anna

En noviembre de 1833, Antonio López de Santa Anna solicitó permiso al Congreso para ausentarse durante seis meses en la hacienda de Manga del Clavo. Durante este periodo, recibió y escuchó las quejas de los opositores al régimen reformista, entre ellas una carta del obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, quien calificó la ley del 17 de diciembre como un "pronunciamiento sacrílego contra la divina autoridad del Papa". José María de Jesús Belaunzarán, obispo de Monterrey, anunció su disposición a pagar multas y padecer destierro antes que cumplir la nueva ley.

El 12 de marzo de 1834, Santa Anna envió una extensa carta a Valentín Gómez Farías manifestando su malestar por las directivas del gobierno. En Orizaba, los habitantes se opusieron al decreto de la Legislatura local que mandaba el cierre de los conventos de San José de Gracia y del Carmen, lo cual costó vidas pero logró impedir el cumplimiento de la ley. Dos días más tarde, el Congreso de la Unión decretó 30 días improrrogables para hacer cumplir la ley del 17 de diciembre; en caso de que obispos, cabildos o gobernadores de mitras no la acataran serían expulsados del país y ocupadas sus temporalidades.

Finalmente, Santa Anna se presentó en la Ciudad de México el 24 de abril. Cinco días más tarde publicó un manifiesto comunicando a la población la división que prevalecía entre reformistas y conservadores, declarándose imparcial y dispuesto a hacer cumplir la Constitución para conservar los derechos de los ciudadanos. Emitió un decreto para restablecer el orden en Veracruz, desarmando a los cívicos de la capital y sugiriendo al Congreso la abolición de la Ley del Caso.

Constituidos por estas circunstancias, Santa Anna tomó partido por la defensa de los intereses de la Iglesia. En Xalapa fue proclamado "protector de la religión católica", y en Oaxaca "sostenedor de la religión y de las libertades patrias". El 25 de mayo, Ignacio Echeverría y José Mariano Campos proclamaron el Plan de Cuernavaca en la villa de Cuernavaca.

Pronunciamiento

El 16 de mayo de 1834, Antonio López de Santa Anna fue proclamado "protector de la religión católica" en Xalapa y Coatepec. Esta proclamación se realizó con el apoyo de los conservadores locales, quienes veían en Santa Anna un aliado contra las medidas reformistas que afectaban directamente a la Iglesia. En Oaxaca, cinco días después, el 23 de mayo, fue proclamado "sostenedor de la religión y de las libertades patrias". Esta adhesión reflejaba no solo el apoyo al clero, sino también a los intereses nacionales que se veían amenazados por las reformas.

Finalmente, el 25 de mayo en Cuernavaca, Ignacio Echeverría y José Mariano Campos proclamaron oficialmente el Plan de Cuernavaca. Este plan contaba con cinco artículos principales: la derogación inmediata de todas las leyes reformistas que afectaban a la Iglesia; la reapertura del Colegio de Santa María de Todos Santos y la Pontificia y Nacional Universidad de México; el restablecimiento de los fueros para el clero; la prohibición de la enajenación de bienes eclesiásticos; y la creación de una comisión encargada de investigar las violaciones a estos artículos. Esta proclamación fue seguida por una rápida adhesión de numerosas poblaciones, incluyendo Tlaxcala, Huitzuco, Chignahuapan, Mazatepec, Iguala y Santa Ana Chiautempan.

La rápida expansión del Plan de Cuernavaca se debió a la combinación de factores: el apoyo de los clérigos, la descontento generalizado entre la población rural y urbana, y la ausencia de una fuerte oposición política. En total, más de veinte ayuntamientos y parroquias proclamaron sus adhesiones al plan en un período de solo once días. Esta rápida expansión sentó las bases para el posterior derrocamiento del gobierno reformista.

En la Ciudad de México, los miembros de las Cámaras se encontraron con que las llaves del salón legislativo habían sido recogidas y las puertas estaban custodiadas por una fuerza armada. Ante estos obstáculos, el Congreso decidió suspender sus actividades mientras careciera de libertad para reunirse. Sin embargo, Santa Anna citó al Congreso para el 21 de mayo, demostrando que no estaba dispuesto a permitir la paralización completa del poder legislativo.

El 30 de mayo, Santa Anna publicó un decreto en el que declaraba la derogación inmediata de las leyes reformistas y ordenaba la reapertura de las instituciones educativas cerradas. Estos actos sentaron las bases para la primera dictadura de Antonio López de Santa Anna, marcando el inicio del fin del período reformista en México.

Reacciones y consecuencias

En Puebla, el clero alto reaccionó con rapidez ante las medidas reformistas. El obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, se opuso frontalmente a la Ley del Caso, calificándola como un "pronunciamiento sacrílego". Este acto de resistencia fue seguido por otros prelados y gobernadores que rehusaron cumplir las directivas reformistas. El obispo de Monterrey, José María de Jesús Belaunzarán y Ureña, anunció su disposición a pagar multas o exiliarse antes de aceptar la nueva ley. En Chiapas, el obispo Luis García Guillén también rechazó la medida.

La resistencia del clero alto fue acompañada por un sitio militar que se intensificó en Puebla. El 24 de junio de 1834, Santa Anna derogó la el actor mencionado, una acción que sentó las bases para el control directo del Estado sobre los bienes eclesiásticos. Esta medida fue seguida por la convocatoria a elecciones el 9 de julio, un paso crucial en el proceso de consolidación del poder conservador.

El 30 de julio, Santa Anna también derogó la Ley del Caso, una acción que suprimió el mecanismo para exiliar opositores al régimen. Estas acciones, junto con el sitio militar y la derogación de leyes clave, sentaron las bases para un gobierno más centralizado y controlado por los conservadores.

El 24 de junio de 1834, Santa Anna tomó una medida crucial al derogar la el actor mencionado. Esta acción fue vista como un paso significativo hacia el control directo del Estado sobre los bienes eclesiásticos, limitando así el poder del clero alto en las cuestiones económicas y políticas. El sitio militar que se intensificó en Puebla durante este período fue una respuesta directa a la resistencia de los opositores al régimen reformista.

El 9 de julio, Santa Anna convocó elecciones para reafirmar su control sobre el poder político. Esta medida buscaba no solo consolidar su autoridad sino también desactivar las posibles oposiciones internas. El 30 de julio, la derogación de la Ley del Caso fue un golpe directo a las medidas reformistas que habían limitado la libertad de acción de los opositores al régimen.

Estos cambios legales y el fortalecimiento militar sentaron las bases para una nueva dinámica política en México. La derogación de leyes clave y la convocatoria a elecciones marcaron un punto de inflexión, dando paso a un gobierno más centralizado y controlado por los conservadores.

Resumen

El Plan de Cuernavaca, proclamado en mayo de 1834 por Ignacio Echeverría y José Mariano Campos, respondió a las medidas reformistas impulsadas por Valentín Gómez Farías. Este plan sentó las bases para el fin del período reformista en México, con la derogación inmediata de leyes que afectaban directamente al clero y la Iglesia católica. El apoyo de Antonio López de Santa Anna a estas medidas conservadoras permitió su rápida expansión y el posterior derrocamiento del gobierno reformista.

Este plan reabrió instituciones educativas cerradas, restableció los fueros para el clero y prohibió la enajenación de bienes eclesiásticos. La rápida adhesión de numerosas poblaciones al Plan de Cuernavaca marcó el inicio de la primera dictadura de Santa Anna, que derogó las leyes reformistas y sentó las bases para el régimen centralista mexicano.