Expropiación del petróleo en México

La expropiación petrolera en México fue un acto histórico que tuvo lugar en 1938, como resultado directo de la aplicación de la Ley de Expropiación de 1926 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana. Este evento marcó una significativa etapa en el desarrollo económico y político del país, reflejando un cambio drástico en las relaciones entre el gobierno mexicano y las compañías petroleras extranjeras.

Este artículo se centra específicamente en los orígenes de la industria petrolera en México, desde su inicio con el primer pozo petrolero en 1862 hasta la llegada de inversionistas internacionales como Weetman Dickinson Pearson y Edward L. Doheny, quienes establecieron empresas clave como El Águila y la Huasteca Petroleum Company. La expropiación abarca a varias compañías, incluyendo a Royal Dutch Shell, Amoco Corporation, y el Grupo Sinclair Pierce Oil, y se justificó por su rechazo a pagar mejores salarios a los trabajadores petroleros, en contraste con la política del gobierno mexicano de promover mejoras laborales.

Orígenes de la industria petrolera en México y primeros inversionistas extranjeros

En 1862, el ingeniero de minas Antonio de Castillo perforó el primer pozo petrolero superficial en Tabasco, iniciando así el desarrollo de la industria extractiva en México. Este evento marcó el inicio formal de la explotación del petróleo en el país.

Durante el régimen imperialista de Maximiliano de Habsburgo (1864-1867), se emitieron reglamentos que permitían a particulares explotar el petróleo siempre con la autorización del gobierno mexicano. En este contexto, se otorgaron 38 concesiones petroleras, lo que incentivó la actividad extranjera en la industria.

En 1869, en Veracruz, comenzó la explotación de las chapopoteras de Furberos, un paso inicial hacia el desarrollo más estructurado del sector. Este evento se produjo durante el gobierno de Juárez, antes de la llegada al poder del general Porfirio Díaz.

En 1886, bajo el régimen porfirista, las primeras refinerías que comenzaron a operar en Veracruz fueron El Águila, obra de los estadounidenses Samuel Faribum y George Dickson. Esta empresa fue una de las más importantes del sector, estableciendo la base para el desarrollo futuro de la industria petrolera mexicana.

La refinería de la empresa estadounidense Water Pierce Oil Company de Henry Clay Pierce y William H. Waters también se inició en 1886, convirtiéndose en un actor clave en la producción de petróleo. Esta compañía, que formaba parte del Grupo Sinclair Oil, contribuyó significativamente al desarrollo industrial de la región.

En 1890 se estableció la Compañía Petrolera Mexicana de California en San Luis Potosí. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en la industria, con empresas locales que buscaban aprovechar los recursos petrolíferos del país.

En 1896, el Grupo Sinclair construyó una refinería entre la desembocadura del río Pánuco y la ciudad de Tampico. Esta instalación fue crucial para procesar y distribuir el petróleo producido en la zona, contribuyendo al desarrollo económico de la región.

En 1901, el británico sir Weetman comenzó a invertir en el negocio petrolero mexicano con su compañía Pearson & Son. Este evento sentó las bases para una participación más significativa del capital extranjero en la industria.

Pearson & Son reorganizó a la Compañía de Petróleo El Águila en 1906, y construyó la primera refinería de Minatitlán, Veracruz. Esta empresa se benefició enormemente del apoyo político que obtuvo, lo que le permitió posicionarse favorablemente en el mercado mexicano.

En 1906, Edward L. Doheny fundó la Huasteca Petroleum Company, una empresa que se convirtió en una de las más importantes del sector. Este evento marcó el inicio de una competencia significativa entre empresas petroleras extranjeras en México.

Doheny perforó el pozo N.º 4 de Cerro Azul en 1916, produciendo un total de 89 millones de barriles a lo largo de 21 años. Este pozo fue crucial para la producción y exportación de petróleo mexicano durante varias décadas.

La industria petrolera en México comenzó con el pozo perforado por Antonio de Castillo en 1862, seguido de las primeras concesiones otorgadas por Maximiliano de Habsburgo. Durante la época porfirista, empresas extranjeras como El Águila y la Huasteca Petroleum Company se convirtieron en actores clave. Estos inversionistas establecieron refinerías y pozos petroleros, sentando las bases para un sector que posteriormente sería nacionalizado.

Explotación petrolera y política fiscal

En 1901, durante el régimen porfirista, se promulgó la Ley del Petróleo, que establecía reglas específicas para la explotación de este recurso natural en México. Esta ley permitía a las empresas extranjeras explorar y extraer petróleo sin estar sujetas a gravámenes fiscales durante un período de diez años, lo que incentivó significativamente la inversión privada. Según el texto fuente, esta disposición favorecía enormemente a los capitales internacionales, permitiéndoles operar con una exención fiscal total durante el primer decenio.

El marco legal porfirista también incluía la posibilidad de adquirir terrenos nacionales a precios de baldíos y obtener un derecho de paso por terrenos particulares. Además, se estableció una protección perimetral de 3 kilómetros alrededor de los pozos petroleros, lo que facilitaba la expansión de las operaciones extractivas sin enfrentar obstáculos legales significativos. Estas medidas fueron diseñadas para atraer inversiones extranjeras y modernizar la industria petrolera mexicana.

La política fiscal del gobierno porfirista era favorable a los intereses de las empresas petroleras, ya que solo se les exigía pagar un 7% de utilidades al gobierno federal y un 3% adicional a los estados en donde se ubicaran los pozos. Este sistema resultaba beneficioso para las compañías extranjeras, que podían operar con una carga fiscal relativamente baja.

En contraste, el beneficio para México fue limitado. La producción de petróleo aumentó significativamente desde 10.000 barriles en 1901 hasta alcanzar los 12,5 millones de barriles en 1911; sin embargo, la recaudación fiscal del gobierno federal por concepto de impuestos fue escasa. En 1911, el gobierno federal recibió solo 26.000 pesos por el impuesto del timbre, lo que demuestra la falta de ingresos fiscales significativos para el país.

El incremento en la producción petrolera durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del XX sentó las bases para un sector económico crucial. Sin embargo, estas políticas fiscales beneficiaron principalmente a las empresas extranjeras, lo que generó una brecha significativa entre el desarrollo industrial y la recaudación fiscal mexicana durante el régimen porfirista.

Artículo 27 Constitucional

En 1914, Luis Cabrera propuso incrementar la participación del Estado en los beneficios de la explotación petrolera, iniciando un proceso que llevaría a la reivindicación nacional del subsuelo. La Secretaría de Fomento, Colonización e Industria comenzó a implementar medidas para afirmar el dominio estatal sobre las riquezas subterráneas.

En marzo de 1915, Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz y yerno de Venustiano Carranza, creó la Comisión Técnica del Petróleo, un grupo formado por abogados e ingenieros. Un año después, esta comisión presentó un informe que planteaba la necesidad de restituir a la nación las riquezas del subsuelo, cuya explotación había sido libre durante el régimen porfirista.

Durante este proceso, Andrés Molina Enríquez y Francisco J. Múgica colaboraron activamente con Carranza en la elaboración del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Este artículo distinguió entre el dominio del suelo, que podía transmitirse en propiedad privada, y el del subsuelo, que pertenecía al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación.

El texto constitucional estableció que "Son también de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional", sentando las bases para un control estatal más amplio sobre recursos naturales. Además, otorgó al poder Ejecutivo la facultad de revisar y declarar nulas las concesiones petroleras celebradas desde 1876.

Las compañías petroleras reaccionaron negativamente a esta nueva norma constitucional. A través de presiones diplomáticas, amenazas militares y recursos jurídicos, trataron de invalidar la aplicación del artículo 27. El Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyó estas acciones, promoviendo el reconocimiento de la legalidad del gobierno de Adolfo de la Huerta en tanto derogara el artículo 27.

Al asumir la presidencia, Álvaro Obregón buscó reconstruir relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En 1921, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el primer caso de amparo en favor de la Texas Oil Company, estableciendo jurisprudencia sobre la no retroactividad del artículo 27. A pesar de esto, Obregón implementó medidas fiscales para financiar sus planes y redujo los incrementos de impuestos ante la protesta de las compañías petroleras.

El 31 de agosto de 1923, se firmó el Tratado de Bucareli entre México y Estados Unidos. Aunque no fue aprobado por ninguno de los Congresos, garantizó las concesiones petroleras existentes en detrimento del artículo 27 constitucional.

Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia, no reconoció el Tratado de Bucareli. En 1925, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo redactó leyes reglamentarias que cambiaron los títulos de propiedad absoluta por concesiones de 50 años. Sin embargo, las empresas petroleras y el gobierno estadounidense se negaron a reconocer estas nuevas disposiciones.

El 31 de agosto de 1927, Dwight W. Morrow negoció con Calles un acuerdo que aceptaba la transición a concesiones confirmatorias sin limitar los derechos adquiridos por las empresas antes del 1917. A cambio, el gobierno mexicano justificaba su acción argumentando la soberanía nacional sobre los recursos subterráneos.

Durante el maximato, se establecieron regulaciones adicionales en 1934, considerando que yacimientos en una franja de 100 km a lo largo de costas y fronteras eran parte del dominio nacional. La creación de Petróleos de México S.A. (Petromex) permitió competir con las compañías extranjeras en el mercado interno, buscando reducir precios y asegurar abasto.

En 1937, se produjeron 47 millones de barriles de petróleo, reflejando un ligero repunte en los volúmenes de exportación después del descenso durante la Gran Depresión y el hallazgo de nuevos yacimientos en Venezuela y Medio Oriente.

Sindicato petrolero

En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas del Río estableció una alianza con los movimientos obreros que exigían mejoras en las condiciones de vida, impulsando la creación de una gran central sindical para respaldar su gobierno. Este liderazgo gubernamental buscaba garantizar que las empresas petroleras pagaran a sus trabajadores basándose en la capacidad económica de estas, no solo en la oferta y demanda del mercado laboral.

El 15 de agosto de 1935, pese a la resistencia de las compañías petroleras, los obreros y empleados lograron unificar sus fuerzas bajo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Este sindicato centralizado permitió que los trabajadores petroleros pudieran defender conjuntamente sus intereses y demandar condiciones laborales más justas. Las negociaciones iniciales comenzaron a mediados del mismo año, pero no lograron un acuerdo inicial.

Durante las pláticas de mediados de 1936, la tensión entre trabajadores y empresarios amenazó con romperse. En este contexto, el gobierno intervino por primera vez para persuadir a ambas partes de que continuaran con sus negociaciones. Esta acción gubernamental fue crucial en mantener el proceso de unificación y negociación, contribuyendo al fortalecimiento del sindicato petrolero.

El resultado inmediato de esta intervención fue la firma de un contrato colectivo de trabajo, que sentó las bases para mejoras significativas en las condiciones laborales de los trabajadores petroleros. Este acuerdo no solo representaba una victoria para el movimiento obrero, sino que también marcó un hito en la historia del sindicalismo mexicano, consolidando la posición del gobierno de Cárdenas en apoyo a los derechos laborales de los trabajadores.

El hecho concreto documentado es que, tras la intervención gubernamental y las negociaciones prolongadas, se logró firmar un contrato colectivo de trabajo, mejorando así las condiciones laborales para los trabajadores petroleros.

Ley de expropiación

En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río promulgó la Ley de Expropiación en el Diario Oficial del gobierno mexicano. Esta ley se fundamentaba en el artículo 27 constitucional vigente desde 1917, que permitía al gobierno tomar cualquier propiedad si el interés público así lo requería, con un plazo máximo de diez años para compensar a los propietarios.

Durante la promulgación de esta ley, el embajador estadounidense Joseph Daniels expresó su preocupación hacia Cárdenas. El presidente respondió que no tenía intenciones de expropiar sobre esa base ninguna rama industrial controlada por capital extranjero, lo cual ayudó a mitigar tensiones iniciales con las empresas petroleras.

El 18 de marzo de 1938, Cárdenas procedió a la expropiación petrolera a las empresas extranjeras. Este acto se basó en la sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia que respaldaba el uso del artículo 27 constitucional. La AGPN, creada en 1937, asumió las propiedades y tareas de Petromex, convirtiendo al petróleo en propiedad nacional.

La expropiación petrolera se justificó por la falta de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. En esa época, estos realizaban jornadas de trabajo más largas que las reguladas, y pedían derechos como el pago si se enfermaban. La AGPN asumió la responsabilidad de administrar este recurso natural, desde su extracción hasta la transformación en productos como gasolina para su venta.

La Ley de Expropiación promulgada en 1936 sentó las bases legales para la expropiación petrolera efectuada en 1938. Esta ley se apoyaba en el artículo 27 constitucional vigente desde 1917, que permitía al gobierno tomar propiedades por razones de interés público. La expropiación fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia y llevó a la creación de la AGPN, que asumió las operaciones petroleras. Este acto nacionalizador respondió a las demandas laborales insatisfechas en el sector petrolero, convirtiendo al petróleo en propiedad de la nación.

Conflicto laboral

En mayo de 1937, las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las empresas petroleras se estancaron, con los obreros demandando un contrato colectivo de trabajo, una semana de 40 horas y un pago de salarios completos en caso de enfermedad, además de solicitar 65 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones. Por su parte, las empresas rechazaron firmar el contrato y ofrecieron solo 14 millones de pesos.

El 17 de mayo, el sindicato emplazó a los trabajadores a una huelga efectiva desde el 28 del mismo mes, lo que inmediatamente afectó la producción de gasolina y otros derivados. La escasez de combustible se hizo evidente en todo el país: en la Ciudad de México, los automóviles particulares, autobuses y camiones de carga circulaban con menor frecuencia debido a la falta de abastecimiento.

La huelga duró solo una semana, ya que el 9 de junio se levantó ante la intervención del presidente Lázaro Cárdenas. Este solicitó a los dirigentes del sindicato que plantearan el conflicto como un asunto económico ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Para resolver el conflicto, se nombraron tres peritos: Efraín Buenrostro, Mariano Moctezuma y Jesús Silva Herzog. Este último fue propuesto por Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La comisión pericial, con el apoyo de 60 personas entre ingenieros petroleros, economistas, sociólogos y contadores, elaboró un informe de 2500 páginas y un dictamen de 80 páginas. Se concluyó que la empresa El Águila había tenido promedio anual de utilidades de 55 millones de pesos y debía pagar 26 millones por conceptos salarios y prestaciones sociales adicionales a lo pagado en 1936.

El dictamen fue presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 3 de agosto, pero los empresarios refutaron la propuesta, argumentando que no tenían capacidad para pagar los 26 millones. En respuesta, Cárdenas intervino nuevamente, citando a las empresas y peritos en sus oficinas del Palacio Nacional el 2 de septiembre.

Durante esta reunión, uno de los gerentes de El Águila afirmó que la empresa era mexicana y no una subsidiaria extranjera. Sin embargo, Silva Herzog mostró un informe de la Royal Dutch Shell de 1928, que revelaba que "Nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila había obtenido buenas utilidades durante su último ejercicio". Además, se demostró que para evitar impuestos elevados, se había dividido las acciones y vendido productos a precios inferiores en el mercado internacional.

Finalmente, el 8 de diciembre, los obreros realizaron un paro de labores en protesta por la falta de decisión. El 18 de diciembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló en favor del sindicato, ordenando pagar los 26 millones de pesos respaldando el dictamen pericial.

Las empresas petroleras apelaron el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras retiraban sus fondos de los bancos mexicanos y enviaban vehículos a Estados Unidos. La huelga sentó las bases para futuras tensiones entre gobierno y empresas petroleras, marcando un punto de inflexión en el conflicto laboral del sector.

Expropiación petrolera

En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas mantuvo reuniones con representantes de las empresas petroleras en México para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera el pago de la suma de 26 millones de pesos dictaminada por la Suprema Corte de Justicia. Estos encuentros se llevaron a cabo el 3, 6 y 7 de marzo, con el objetivo de evitar una expropiación petrolera. Sin embargo, las empresas rechazaron este plazo, no porque consideraran que no podían pagar la suma requerida, sino para evitar establecer un precedente.

El día 7 de marzo, uno de los representantes de las compañías preguntó a Cárdenas: "¿quién garantizará que el aumento sólo sea de 26 millones de pesos?". El presidente respondió con firmeza: "yo lo garantizo", y agregó: "Sí, el Presidente de la República". Esta respuesta marcó el final de las negociaciones. Las empresas petroleras consideraron que México carecía de los recursos necesarios para hacer frente a la producción y comercialización internacional del petróleo, lo cual les impedía aceptar el pago.

El 9 de marzo, todas las legaciones mexicanas en el extranjero recibieron un memorándum que advertía sobre la posibilidad de una expropiación petrolera. A pesar de esta gravedad, el tono del documento era optimista y se esperaba que la situación económicamente difícil pudiera ser superada. El embajador Francisco Castillo Nájera incluso llegó a considerar la posibilidad de una intervención militar.

El viernes 18 de marzo, las empresas extranjeras, al enterarse de que el presidente planeaba una acción enérgica, declararon estar dispuestas a hacer el pago, pero con condiciones. Sugirieron una rebaja en las prestaciones y un aumento proporcional en la cantidad de empleados de confianza para mantener el control sobre sus decisiones clave. Sin embargo, estas condiciones fueron rechazadas por Cárdenas, quien ya había tomado su decisión.

A las 10 de la noche del mismo día, Cárdenas anunció la expropiación petrolera mediante la cual la riqueza petrolera explotada por las compañías extranjeras se volvió propiedad de la nación mexicana. Esta medida respondía a los ideales sociales de la Revolución Mexicana y al artículo 27 Constitucional, sentando las bases para el control estatal sobre los recursos naturales del país.

Discurso de expropiación

En el discurso radiado al país, el presidente Lázaro Cárdenas del Río denunció las negativas actitudes de las compañías petroleras, resaltando que estas habían disfrutado de beneficios fiscales y prerrogativas durante años. Explicó que en contraste con estos privilegios, la obra social realizada por las empresas había sido escasa; no se habían construido escuelas, campos deportivos ni hospitales cerca de sus instalaciones. El personal extranjero contaba con comodidades y protección, mientras el nacional trabajaba en condiciones duras y mal pagadas.

El presidente destacó que la inacción de las compañías petroleras ponía en riesgo la producción del combustible, lo cual afectaría gravemente a la industria e incluso a la economía del país. Explicó que, para evitar tales consecuencias, se veía obligado a actuar de manera inmediata y aplicar la Ley de Expropiación basada en el artículo 27 constitucional, que permitía al gobierno tomar cualquier propiedad si el interés público lo requería.

Durante su intervención, Cárdenas recordó las historias de abusos y asesinatos cometidos por policías privados y agrupaciones financiadas por las empresas petroleras. También mencionó la existencia de facciones rebeldes en la Huasteca y el Istmo de Tehuantepec, que mantuvieron levantamientos armados entre 1917 y 1920 contra el gobierno constituido.

El discurso incluyó un llamado a la nación para respaldar moral y materialmente la expropiación. Cárdenas pidió a los mexicanos que apoyaran esta medida, que consideraba justificada y trascendente, ya que permitiría el pago de indemnizaciones y un eventual reajuste cambiario.

Finalmente, Cárdenas leía los cuatro artículos del decreto de expropiación. Estos incluían la ocupación inmediata de bienes muebles e inmuebles de las empresas petroleras mencionadas, así como el compromiso de pagar la indemnización en un plazo no mayor a diez años.

Apoyo popular y creación de Pemex

Apoyo popular y creación de Pemex

En 1938, una manifestación espontánea reunió a cien mil personas en el centro de México, demostrando un apoyo masivo al proceso de expropiación petrolera impulsado por Lázaro Cárdenas del Río. Esta gran concentración, que incluyó a individuos de todas las clases sociales, reflejaba la fuerte convicción popular en la necesidad de nacionalizar el petróleo y liberarse del dominio extranjero.

La Administración General del Petróleo Nacional (AGPN) asumió temporalmente el control de los bienes expropiados a las compañías petroleras. Esta medida permitió un período transitorio durante el cual se establecían las bases para la gestión estatal del sector, preparando el terreno para futuras decisiones legislativas y administrativas.

El 19 de abril, ocurrió una manifestación femenina en el Palacio de Bellas Artes. Participaron mujeres de diversas clases sociales, algunas de ellas regalaron joyas o objetos de bajo valor, incluso una anciana llevó una gallina para contribuir con la indemnización a las empresas petroleras. Aunque las colectas y la emisión de bonos no solucionaron el problema económico, estas acciones demostraron un alto nivel de compromiso y solidaridad nacional.

La Iglesia católica y algunos empresarios conservadores, que normalmente estaban en desacuerdo con las decisiones del gobierno, respaldaron al presidente en esta ocasión. Este apoyo diverso sugiere que la expropiación petrolera era vista como un acto de justicia nacional y una respuesta a décadas de explotación extranjera.

El 1938, todos los empleados, técnicos e ingenieros extranjeros abandonaron las instalaciones petrolíferas. Esta acción fue un símbolo claro del cierre de una era y el inicio de otra en la historia petrolera mexicana. La AGPN asumió temporalmente el control de estos bienes, lo que sentó las bases para su posterior administración estatal.

El 7 de junio, se creó la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, encargada de comercializar el petróleo y sus derivados. Un mes después, el 20 de julio, se promulgó por decreto la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex), que asumió la exploración, producción y refinación del petróleo. Esta estructura organizativa marco un hito en la historia petrolera mexicana, consolidando el control estatal sobre el sector.

Esta creación representó no solo una transformación económica, sino también una redefinición social y política del país. La expropiación petrolera y su posterior gestión estatal sentaron las bases para un nuevo modelo económico y político en México, centrado en la soberanía nacional y el desarrollo autónomo de recursos estratégicos.

El apoyo popular, demostrado a través de manifestaciones masivas y colectas simbólicas, fue fundamental para validar la decisión del gobierno. La creación de Pemex, por su parte, consolidó la gestión estatal en un sector clave para el desarrollo económico del país, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia petrolera mexicana.

La expropiación petrolera y la posterior creación de Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo transformaron el sector energético de México, sino que también sentaron las bases para un modelo económico y político centrado en la soberanía nacional. La manifestación masiva del 23 de marzo y la participación activa de diversos sectores sociales demostraron un apoyo amplio a la decisión gubernamental. La creación de Pemex, formalizada el 20 de julio de 1938, representó una redefinición crucial en la gestión del petróleo, consolidando el control estatal y abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo económico y social del país.

Reacciones internacionales

En 1938, el gobierno británico envió una serie de duras notas al gobierno mexicano exigiendo terminantemente la devolución de las propiedades de El Águila. Este desafío diplomático se fundamentaba en la creencia británica de que la empresa era una compañía mexicana constituida bajo leyes locales, por lo que el gobierno británico no podía intervenir directamente a favor de sus intereses. A pesar de esta postura, las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioraron hasta que México cubrió un pago de 361 737.17 pesos en compensación por daños causados durante la Revolución mexicana.

El gobierno de los Países Bajos, cuyos inversionistas tenían primordialmente intereses en las compañías El Águila y La Corona, envió al encargado de negocios Arthur Methöfer para intentar defender los intereses de sus conciudadanos. Methöfer sostuvo comunicaciones escritas con el secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Hay, negándose a reconocer la legalidad de la expropiación y exigiendo la devolución inmediata de los bienes o el pago correspondiente. Eduardo Hay respondió que las compañías se habían constituido bajo leyes mexicanas, por lo que los inversionistas debían cumplir con sus compromisos.

Las reacciones estadounidenses fueron diferentes. Durante el discurso radiado, Lázaro Cárdenas dejó claro que las riquezas del subsuelo pertenecían a la nación y no podían considerarse parte de la indemnización. Las compañías, sin embargo, suponían que la compensación debía incluir el combustible estimado en los mantos petrolíferos. El presidente Franklin D. Roosevelt reconoció el derecho de México a expropiar las propiedades petroleras, pero el secretario de Estado Cordell Hull apoyó la postura de los empresarios, insistiendo en que el monto de la indemnización debía incluir el valor de estos mantos.

El embajador Joseph Dainels recomendó no interponer los intereses particulares de los empresarios a la política de buena vecindad para evitar distanciamientos diplomáticos. Este consejo buscaba prevenir que influencias extranjeras, como las italianas o alemanas, se infiltraran en el sistema interamericano.

Boicot y campaña mediática contra México

Las compañías Standard Oil de Nueva Jersey y Royal Dutch Shell iniciaron un boicot contra México, intentando impedir que adquiriese ciertos productos químicos indispensables para la refinación, como el tetraetilo de plomo. Este plan fue respaldado por diversas empresas estadounidenses que se negaban a cotizar o vender sus productos, incluyendo Babcock & Wilcox, Peden Iron Works y Gulf Oil Co.

El problema del tetraetilo de plomo, considerada tecnología de punta en la época, se resolvió reformando la gasolina hasta obtener el mismo octanaje. Sin embargo, poco después los estudiantes de química del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México lograron sintetizar el producto, lo que ayudó a superar esta barrera.

La Standard Oil Company de Nueva Jersey auspició una publicación en la revista The Lamp, donde afirmó que el valor expropiado a las compañías estadounidenses era de 2000 millones de dólares. En otros periódicos se manejaron cantidades de 450 millones de dólares.

El Departamento de Estado coadyuvó con el boicot de diversas formas, suspendiendo las compras de plata a México y prohibiendo el uso de los combustibles mexicanos en Estados Unidos. Se presionó a las compañías navieras para que no transportaran el petróleo mexicano y se incrementó el impuesto de importación para el petróleo mexicano, pasando de 15 a 50 centavos de dólar.

La Dutch Shell logró embargar varios cargamentos de petróleo mexicano en los puertos de Bélgica y Francia, argumentando que se trataba de petróleo robado. No obstante, los tribunales europeos fallaron en favor del gobierno mexicano.

En Mobile, Alabama, se encontraba en reparación el barco-tanque San Ricardo, lo cual requirió litigios en los tribunales estadounidenses durante varios meses para tomar posesión de esta embarcación. Finalmente, se compró el barco-tanque cubano Amolco, rebautizado como Cuauhtémoc, y matriculado con 3298 toneladas para transportar el petróleo de Tampico a Veracruz, facilitando así la distribución del recurso en el interior del país.

Resumen

La expropiación petrolera en México, llevada a cabo en 1938 bajo el mandato de Lázaro Cárdenas del Río, fue un acto histórico que respondió a la Ley de Expropiación de 1926 y al artículo 27 de la Constitución Mexicana. Este evento sentó las bases para un control estatal más firme sobre los recursos petroleros, reflejando el cambio en las relaciones entre el gobierno mexicano y las compañías extranjeras que habían explotado ilegalmente estos recursos durante décadas.

Las consecuencias de la expropiación fueron significativas. Las empresas afectadas, como Royal Dutch Shell, Amoco Corporation y el Grupo Sinclair Pierce Oil, vieron sus activos nacionalizados, lo que cambió drásticamente el panorama económico del país. El legado histórico de esta medida se extendió a través de un aumento en la auto-suficiencia energética de México y una mayor distribución de los beneficios petroleros entre los mexicanos, aunque inicialmente las compensaciones fueron pagadas en diez años.