Operativo policial en Atenco de 2006

El operativo policial en Atenco de 2006 fue un evento significativo en la historia reciente de México, marcado por enfrentamientos violentos y acciones policiales que resultaron en graves violaciones a los derechos humanos. Este conflicto se desarrolló en el contexto del proceso de expansión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que generó fuertes oposiciones sociales y políticas.

La cronología del operativo comienza el 3 de mayo de 2006, cuando una serie de acciones policiales contra la policía municipal, habitantes locales, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN dejó como resultado el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier Cortés. Este evento sentó las bases para una serie de detenciones masivas, abusos y violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentados por organismos internacionales.

Acciones contra el aeropuerto en Texcoco

En octubre de 2001, Vicente Fox anunció que los terrenos agrícolas de Texcoco serían el sitio para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Inmediatamente, ejidatarios de San Salvador Atenco y otras poblaciones comenzaron manifestaciones y bloqueos en contra del proyecto federal.

Durante este período, los campesinos agrupados bajo la denominación Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) iniciaron movilizaciones que consiguieron apoyo social en la capital mexicana y otros estados. Ignacio Burgoa, un jurista, proporcionó su apoyo a las acciones legales emprendidas por el FPDT.

En noviembre de 2001, los miembros del FPDT marcharon hasta la Residencia Oficial de Los Pinos para exigir una reunión pública con Vicente Fox. A medida que avanzaba julio, las movilizaciones continuaban, culminando en un enfrentamiento el 11 de julio entre policías y integrantes del FPDT en el Poblado de Santa Catarina en la autopista Acolman-Pirámides.

El 24 de julio de 2002, José Espinoza Juárez falleció. Según las autoridades, su muerte fue debida a complicaciones por diabetes, mientras que los campesinos afirmaron que fue golpeado por policías tras quedarse rezagado durante la huelga. El 14 de julio, todos los detenidos fueron liberados.

El 2 de agosto de 2002, el gobierno federal anunció la cancelación del proyecto. Posteriormente, el FPDT se convirtió en un movimiento social que participaría en diversos movimientos opositores al gobierno mexicano.

3 de mayo

A las siete de la mañana, un operativo conjunto de policías municipales y estatales intentó retirar a ocho vendedores de flores simpatizantes del FPDT de la acera de la calle Fray Pedro de Gante frente al mercado "Belisario Domínguez" en Texcoco. Este lugar era estratégico, ya que se encontraba cerca de la víspera de la fiesta de la Santa Cruz, un día festivo localizado durante el mes de mayo, en el cual se venden numerosas flores para las celebraciones.

Durante este operativo, los vendedores, apoyados por líderes del FPDT, decidieron resistirse a la retirada. Ignacio Del Valle Medina y otros líderes intentaron negociar con autoridades locales, incluyendo al Subprocurador de Texcoco y el director de Gobernación de la Región de Texcoco, para que permitieran la instalación permanente de los vendedores en el área. Estas negociaciones se habían llevado a cabo semanas o meses antes del enfrentamiento.

Las fuerzas policiales no cedieron ante estas demandas y permanecieron en las inmediaciones del mercado, lo cual provocó un clima tenso entre los vendedores y la autoridad.

4 de mayo

En las imágenes televisivas, obtenidas en la primera línea de acción policiaca y transmitidas en vivo por Televisa y Televisión Azteca, se observa cómo hasta diez o quince policías golpean a una sola persona. Las y los detenidos fueron golpeados en las camionetas policiacas y muchas mujeres fueron abusadas sexualmente cuando eran trasladadas a los centros de detención.

Entre los detenidos estuvo Ignacio del Valle, líder de los opositores a la construcción de un aeropuerto en esa zona. En total, el número de detenidos y heridos a causa de los actos de represión del 3 y 4 de mayo alcanzó las 290 personas.

El Secretario de Gobierno Humberto Benítez reportó 33 policías heridos y 31 participantes en el disturbio detenidos. A medida que se desarrollaba la represión, la violencia excesiva se volvía cada vez más evidente, con denuncias de abusos sexuales a mujeres detenidas y reportes sobre la destrucción del auditorio municipal durante el operativo final.

Las imágenes transmitidas en vivo por las cadenas de televisión mostraban un escenario de tensión y violencia, donde los policías actuaban con una fuerza que superaba ampliamente lo necesario para desalojar a los vendedores.

Consecuencias

En el contexto del conflicto policial en San Salvador Atenco, las consecuencias se hicieron evidentes no solo a nivel local, sino también nacional e internacional. Los actos de represión no sólo significaron una dinámica distinta en cuanto lo organizativo al interior de La Otra Campaña, sino que también repercutieron en la estrategia mediática de la Comisión Sexta del EZLN.

La represión policial contra los manifestantes y la acusación de secuestro equiparado a tres miembros del FPDT sentenciados a 67 años y medio de prisión, equivalente técnicamente a cadena perpetua, generaron una crisis de confianza en las instituciones estatales. Este evento marcó un hito en la percepción pública sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía mexicana.

Además, la sentencia a 21 policías, con 15 expulsados y 6 bajo investigación, evidenció una reacción severa del sistema judicial. El caso también tuvo repercusiones en el ámbito internacional, ya que el músico Manu Chao fue investigado por declaraciones relacionadas con la situación. Durante un festival de cine, Chao expresó su inconformidad y llamó a las personas que autorizaron la invasión terroristas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre el caso en 2010, dictaminando la libertad de los 12 presos de Atenco. Esta decisión sentó las bases para un cambio en la percepción jurídica y política del conflicto, pero también dejó una huella indelible en la memoria colectiva.

En resumen, el operativo policial en San Salvador Atenco no solo afectó directamente a los participantes del FPDT y a la policía involucrada, sino que también modificó las dinámicas organizativas de grupos sociales y alteró la estrategia mediática de importantes movimientos indígenas.

Caso ante la CIDH

En 2008, once mujeres víctimas del operativo policiaco en Atenco presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyadas por el y la el actor mencionado. La CIDH aceptó esta petición después de realizar una investigación exhaustiva e iniciar audiencias, lo que ocurrió en 2011.

Según el Informe número 74.15 del caso 12.846, la CIDH concluyó que el estado mexicano fue responsable de violaciones a varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Entre las violaciones identificadas se encuentran:

• El artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 b), 8.2 d) y 8.2 e) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, que se refieren a violaciones a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad. - Los artículos 5.1, 5.2, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, que establecen violaciones al derecho a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad y no discriminación, a no ser torturada y a vivir libre de violencia. - Los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, que se refieren a la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial.

Estas conclusiones sentaron las bases para una serie de recomendaciones al gobierno mexicano:

• La reparación debe incluir tanto el aspecto material como moral. - El estado debe brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico gratuito e inmediato a las víctimas que así lo soliciten, en coordinación con ellas. - Se deben realizar investigaciones efectivas y con debida diligencia para esclarecer los hechos violatorios de la Convención Americana, identificar y sancionar a los responsables, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando. - Se deben adoptar medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a las acciones u omisiones de funcionarios estatales que contribuyeron a los factores de denegación de justicia identificados en el informe. - El estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso.

Violación al derecho al acceso a la justicia

Las autoridades del Estado de México cometieron una grave violación al derecho al acceso a la justicia durante los operativos policiales en Atenco. Según el informe de la CIDH, las autoridades ignoraron deliberadamente denuncias de tortura y, en particular, negaron a las víctimas que acusaban violencia sexual el derecho a que se realizara una examinación ginecológica, lo cual es fundamental para la recolección de pruebas. Este acto no solo obstaculizó la justicia, sino que también perjudicó seriamente la posibilidad de obtener evidencias cruciales.

El coordinador del operativo, Wilfrido Robledo Madrid, intentó minimizar las acusaciones de violación sexual, argumentando que las mujeres denunciantes se habían negado a ser examinadas. Sin embargo, el informe de la CIDH desmiente esta afirmación, mostrando que los médicos legistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deliberadamente rechazaron realizar las pruebas necesarias en las horas inmediatas después de los hechos. Estas denegaciones se produjeron cuando las víctimas aún estaban detenidas en el penal de Santiaguito, lo que impidió la recolección de evidencias vitales.

Las consecuencias de esta negativa a realizar pruebas médicas fueron graves: sin estas evidencias, fue difícil para las autoridades y los organismos internacionales establecer con certeza si las violaciones se habían cometido. Esto no solo obstaculizó la justicia inmediata, sino que también dejó una brecha en el proceso legal que dificultó la investigación posterior de los hechos.

En resumen, la negativa a realizar exámenes ginecológicos y la denegación de pruebas médicas fueron acciones deliberadas que obstaculizaron el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Estas acciones no solo perjudicaron su capacidad para obtener justicia inmediata, sino que también dificultaron significativamente la investigación y el proceso legal posterior.

Resumen

El operativo policial en Atenco de 2006 comenzó con enfrentamientos violentos en mayo de ese año, tras años de oposición a la construcción del nuevo aeropuerto. Las movilizaciones contra el proyecto, lideradas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), culminaron en un conflicto que dejó fallecidos y detenidos, marcando una crisis de confianza en las instituciones estatales. Las violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales sentaron las bases para cambios en la percepción pública sobre el uso excesivo de la fuerza policial.

El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó en 2018 que el gobierno mexicano había cometido violaciones graves a los derechos humanos. La sentencia reafirmó la responsabilidad del Estado en las detenciones ilegales y abusos, lo que dejó una huella indelible en la memoria colectiva sobre la necesidad de reformas judiciales y policiales para garantizar el respeto a los derechos humanos.