Guerra sucia en México

La Guerra Sucia en México fue un período de intensa represión estatal contra movimientos políticos y grupos guerrilleros, que tuvo lugar durante la Guerra Fría. Este conflicto asimétrico involucró a las Fuerzas Armadas mexicanas, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y otros organismos del Estado, quienes emplearon métodos de terrorismo de Estado para suprimir la oposición política.

La Guerra Sucia abarcó desde 1947 hasta al menos 2000, con diferentes interpretaciones sobre sus fechas exactas. Según la versión institucionalista, comenzó en 1947 con la creación de la DFS y terminó en 1985 con su disolución. La academia lo sitúa desde 1965 hasta 1990, marcando el final con cambios significativos en la DFS y la consolidación de la democracia. Este conflicto se caracterizó por la participación activa de la DFS y del apoyo de la CIA a través de operaciones como Operaciones LI, que contribuyeron al desarrollo y mantenimiento de este período de represión estatal.

Historia

En con la creación de la Dirección Federal de Seguridad DFS se inició una serie de acciones que conformaron lo que hoy se conoce como Guerra Sucia Esta agencia fue responsable del espionaje y persecución hacia los movimientos políticos de izquierda contribuyendo al terrorismo de Estado en México

Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), la DFS intensificó sus actividades. En 1965, se llevó a cabo el Asalto al cuartel de Madera, un evento que marcó un punto de inflexión en las tácticas represivas del gobierno. Esta acción fue parte de una serie de medidas destinadas a silenciar la oposición política y fortalecer la Doctrina Truman.

La Guerra Sucia continuó hasta 1978, cuando se promulgó la el actor mencionado, lo que permitió el retorno de exiliados políticos. No obstante, la DFS mantuvo su influencia, adaptándose para colaborar con el narcotráfico durante este período.

A partir de 1985, con la disolución de la DFS y la creación de la Dirección General de y Sociales (DGIPS), se inició una nueva etapa en la Guerra Sucia. Esta agencia continuó las actividades represivas pero con un enfoque diferente.

La versión presidencialista considera que el fin de la Guerra Sucia llegó en 1982, con el final del sexenio de José López Portillo. Sin embargo, algunos académicos argumentan que se extendió hasta 1990, cuando se disipó la oposición política tras la reforma electoral y la el actor mencionado.

El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) marcó un nuevo capítulo en el tratamiento de los crímenes del Estado. En 2002, creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que investigó los hechos históricos pero no logró establecer responsabilidades legales concretas.

Finalmente, en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se desclasificaron los archivos de la DFS y la DGIPS para su libre consulta. Además, se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, que busca dar luz a las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

En 2021, se iniciaron esas investigaciones con la desclasificación de archivos y la creación de la comisión. Este proceso demuestra el compromiso del gobierno actual en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la Guerra Sucia.

Antecedentes

En 1941, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se incorporó al Código Penal Federal un nuevo delito: "disolución social". Este delito, que tipificaba las manifestaciones y demostraciones políticas públicas como ilegales, proporcionó una justificación legal para la detención de cualquier individuo que participara en actividades políticas. Este marco legal fue utilizado posteriormente durante el Movimiento estudiantil de 1968, donde se arrestaron a numerosos estudiantes y activistas bajo este pretexto

La matanza en León, Guanajuato, el 2 de enero de 1946, es otro evento significativo que sentó las bases para la represión estatal. Esta masacre ocurrió durante una protesta de fraude electoral, lo que reveló la intolerancia del gobierno hacia las manifestaciones populares y su disposición a usar la fuerza letal contra quienes se oponían al sistema político.

La reforma electoral del 7 de enero de 1946 fue un paso crucial para restringir la posibilidad de formar una oposición política institucional. Esta reforma creó barreras que limitaban el surgimiento de partidos políticos auténticamente independientes, permitiendo únicamente aquellos que fueran aprobados por el gobierno. Este proceso llevó al nacimiento de los partidos paraestatales, que se convirtieron en la única forma legal de expresar oposición política.

Desarrollo general

Desde 1958, durante el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, comenzaron a surgir diversos movimientos guerrilleros con inspiración comunista en todo el país. Estos grupos fueron posteriormente derrotados por las fuerzas armadas mexicanas, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo de Estado.

Entre 1965 y 1990 operaron aproximadamente veintinueve grupos guerrilleros en México. La Liga Comunista 23 de Septiembre se destacó como la organización más importante, con bases centrales en Guadalajara y ramas en las principales ciudades del país. Este contexto político generó un ambiente de tensión que permitió el desarrollo de una intensa lucha armada entre los guerrilleros y las autoridades mexicanas.

Las autoridades gubernamentales llevaron a cabo una contrainsurgencia que incluía la desaparición, retención y tortura de militantes y simpatizantes de los grupos guerrilleros. Estos actos se llevaban a cabo en bases militares, prisiones secretas del gobierno y lugares asociados con la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Las acciones ilegales no fueron documentadas, lo que dificulta la investigación actual.

Además, hubo enfrentamientos armados entre miembros del ejército. Se mencionan asesinatos y emboscadas a militares, aunque estos crímenes nunca fueron investigados para evitar dar publicidad a los grupos guerrilleros. Incluso se ha relatado una frase utilizada por el ejército: "Los soldados nunca mueren", que indicaba la muerte de un compañero en acción, mientras que el parte oficial atribuía el fallecimiento a accidentes.

Chihuahua En 1963, en el contexto del movimiento democrático de la Sierra de Madera, se llevó a cabo el Primer Encuentro de la Sierra "Heraclio Bernal", donde participaron delegaciones de cinco entidades federativas. Los asistentes, que incluían obreros, profesores, estudiantes y militantes del Partido Popular Socialista (PPS), expresaron su simpatía hacia la Revolución cubana y denunciaron actos hostiles realizados por el cacique José Ibarra, así como persecución a Salvador Gaytán Aguirre. Este encuentro sentó las bases para una mayor organización social en la región.

Durante este período, la policía y el ejército desalojaron los predios ocupados por campesinos y detuvieron a los líderes de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Chihuahua. No obstante, Salvador Gaytán Aguirre ganó las elecciones municipales del mismo año, lo que aumentó el liderazgo de Arturo Gámiz y generó hostilidad entre los caciques locales y el gobierno estatal.

En enero y febrero de 1964, estudiantes y campesinos apoyados por la UGOCM realizaron nuevas invasiones de tierras. El gobernador Práxedes Giner Durán respondió con medidas represivas, encarcelando a los líderes y cerrando escuelas normales. La presión popular llevó al presidente Gustavo Díaz Ordaz a ordenar la liberación de los detenidos y la dotación de tierras.

El grupo guerrillero surgió formalmente en febrero de 1965, durante el Segundo Encuentro de la Sierra "Heraclio Bernal". Arturo Gámiz propuso métodos revolucionarios. El gobierno lo catalogó como "delincuentes acusados de asesinatos y robo de ganado", iniciando una ofensiva militar que incluyó atropellos, tortura e ilegales detenciones.

Las acciones militares continuaron durante el resto del mes de septiembre y todo octubre de 1965. El ejército buscó a los sobrevivientes del asalto, utilizando jets y paracaidistas para intensificar la persecución. Las autoridades civiles no tuvieron acceso a las investigaciones, que fueron controladas por el personal militar.

Los cadáveres de los guerrilleros fueron exhibidos en un camión descubierto en Ciudad Madera y luego enterrados. Posteriormente, en el Distrito Federal, sobrevivientes del Grupo Popular Guerrillero fundaron el Movimiento 23 de Septiembre ("M23"), bajo la conducción de Pedro Uranga Rohana, Saúl Ornelas Gómez y Juan Fernández Carrejo.

El asalto a Madera sentó las bases para una intensificación de la represión y el surgimiento de nuevas formas de lucha social en Chihuahua.

Guerrero En el estado de Guerrero durante los años sesenta, la marginación y desigualdad generaron movimientos sociales que propiciaron el surgimiento de grupos guerrilleros armados. argumentó que las luchas armadas no nacieron en su base por la miseria, sino más bien por la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad y la falta de libertades públicas.

En 1951 se fundó la Unión Regional de Productores de Copra, y en 1957 la cooperativa Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados. Estas organizaciones iniciales se dedicaron a la defensa de los intereses de los productores, pero fueron infiltradas, manipuladas y corrompidas por miembros del gobierno y empresarios a finales de 1960.

En 1955, gracias a su fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) invitó a los líderes de estas organizaciones a presentar candidatos en las elecciones, lo que las hizo vulnerables ante el poder político. El 19 de marzo de 1961, la sede de la Unión Mercantil en Acapulco fue asaltada por agitadores y policías municipales y judiciales estatales, lo que llevó a la creación de la Asociación Cívica Guerrerense.

En 1962, los ejidatarios bloquearon el acceso a Mexcaltepec con troncos de árboles para impedir el paso de camiones madereros. Esto provocó la intervención del Ejército para reprimir a los pobladores. El 21 de agosto de 1966, el comandante de la 27ª Zona Militar intentó suspender una reunión de ejidatarios acusándolos de conspiración.

En 1967, asociados de las organizaciones invadidas por el charrismo sindical intentaron democratizar su organización. El gobierno federal y estatal, respaldando la dirigencia charra, generó un enfrentamiento entre campesinos y pistoleros que dejó un saldo de 21 muertos y 37 heridos en el asalto a la Unión de Productores de Copra de Guerrero el 20 de agosto. Luego de encarcelar a los principales manifestantes, el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero solicitó libertad para Genaro Vázquez Rojas, Antonio Sotelo, Pedro Contreras y Fausto Ávila.

El número de desaparecidos en Guerrero pudo alcanzar 1500 según el titular de la Fiscalía Especial, Ignacio Carrillo.

Desaparición forzada La Guerra Sucia dejó un impacto profundo en México, con una cifra de muertos y desaparecidos que aún permanece en el desconocimiento. Según las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante las décadas de 1960 a 1980 se registraron un total de 374 casos relacionados con crímenes de Estado, lo que sugiere una gravedad significativa en el tratamiento de los derechos humanos por parte del gobierno.

El Comité Eureka, una organización dedicada a la investigación y documentación de desapariciones forzadas, maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de los cuales más de 530 corresponden a casos ocurridos hasta la década de 1980. Esta organización destaca que solo el 4% del total de expedientes se refiere a eventos posteriores a 1980, lo que indica una concentración histórica de desapariciones durante los años en cuestión.

En Guerrero, la situación fue particularmente grave. A pesar de que datos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que no sobrepasan los 275 casos, el titular de la Fiscalía Especial, Ignacio Carrillo, considera que este número podría ser mucho mayor, llegando a un estimado de 1500 desapariciones. Esta diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones privadas refleja la complejidad y la falta de transparencia en el manejo del tema por parte del gobierno.

Los archivos nacionales que detallan las operaciones de control del estado permanecen en secreto, lo que dificulta una evaluación precisa. Sin embargo, estos documentos ocultos probablemente contienen información crucial sobre los métodos utilizados para la desaparición forzada y el número real de víctimas durante la Guerra Sucia.

Asesinato de

Rubén Jaramillo En se llevó a cabo una operación militar conocida como Operación Xochicalco que resultó en el asesinato del dirigente zapatista Rubén Jaramillo Esta acción fue llevada a cabo por un grupo de cincuenta y cinco soldados equipados con fusiles y ametralladoras bajo la dirección del Capitán José Martínez comandante de la partida militar en Zacatepec La operación contó también con el apoyo de la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad estatales

El 23 de mayo a las 14:00 horas, los militares rodearon la casa donde se encontraba Rubén Jaramillo junto a su esposa Epifania Zúñiga, quien estaba embarazada, y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo. Los miembros del grupo armado secuestraron a todos ellos, llevándolos a un destino desconocido. El cuerpo de Rubén Jaramillo presentaba nueve tiros, dos de los cuales fueron en la cabeza, lo que indica una muerte violenta y premeditada.

Esta acción militar se realizó con el apoyo del del Estado de Morelos Capitán Gustavo Ortega y del de Morelos Roberto Ramos Castaneira. La participación de estos servicios de seguridad estatales sugiere una coordinación entre las fuerzas militares y los organismos de inteligencia, lo que fue común en la Guerra Sucia durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.

Resumen

La Guerra Sucia en México fue un conflicto prolongado de represión estatal contra movimientos políticos y grupos guerrilleros que se extendió desde 1947 hasta al menos 2000. Este conflicto, caracterizado por acciones como la detención y tortura de militantes y simpatizantes, y enfrentamientos armados entre miembros del ejército, fue impulsado inicialmente por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con el apoyo de la CIA a través de operaciones como Operaciones LI. La intensificación de las acciones represivas se produjo durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, alcanzando su punto culminante en 1965 con el Asalto al cuartel de Madera

Las consecuencias y legado histórico de la Guerra Sucia incluyen la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en 2002, bajo el gobierno de Vicente Fox. En 2020, se desclasificaron los archivos de la DFS y la Dirección General

de Investigaciones y Prevención Social (DGIPS) para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este período. Este proceso demuestra el compromiso del gobierno actual en esclarecer los hechos relacionados con la Guerra Sucia, sentando las bases para un mayor conocimiento y justicia histórica.