Guerra Cristera

Nacido del enfrentamiento entre el poder civil y la feligresía religiosa tras la consolidación del Estado posterior a la Revolución Mexicana, el conflicto conocido como la Guerra Cristera, la Guerra de los Cristeros o la Cristiada constituyó una sangrienta guerra civil en México desarrollada entre el 3 de agosto de 1926 y el 21 de junio de 1929. Esta conflagración enfrentó directamente a las fuerzas del Gobierno federal contra milicias compuestas mayoritariamente por campesinos y religiosos católicos que se opusieron firmemente a la promulgación y aplicación de la Ley Calles, un ordenamiento restrictivo diseñado para imponer una estricta laicidad y la separación entre la Iglesia y el Estado. Representando la penúltima conflagración bélica librada dentro del territorio nacional mexicano, la Guerra Cristera alteró de forma radical el tejido social, la vida pública y la libertad de culto de la nación.

Las profundas raíces normativas del choque se remontaban a las disposiciones laicas fijadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, las cuales heredaron el marco liberal del siglo XIX y de las Leyes de Reforma. La severa aplicación de preceptos constitucionales como el Artículo 3°, el Artículo 5°, el Artículo 24, el Artículo 27 y, de manera primordial, el Artículo 130 despojó de personalidad jurídica a las instituciones religiosas y limitó drásticamente los derechos políticos de los sacerdotes. La escalada de violencia provocada por las operaciones militares del Ejército Mexicano, la resistencia de las brigadas insurgentes y las medidas de reconcentración forzada se tradujo en una tragedia humanitaria que cobró un saldo estimado de hasta 250 mil muertos entre civiles, milicianos cristeros y efectivos federales.

El marco constitucional de 1917 y los antecedentes del levantamiento

El estallido del movimiento cristero se cimentó en el complejo escenario político gestado tras el ocaso del Porfiriato y las subsecuentes fases de la Revolución Mexicana. Durante la primera década del siglo XX, resurgieron intensas tendencias anticlericales que quedaron plasmadas en el texto supremo de la Constitución de 1917. Esta carta magna incorporó un riguroso articulado en materia religiosa: el Artículo 3° estableció la educación laica e impidió a las instituciones religiosas administrar escuelas primarias; el Artículo 5° proscribió las órdenes monásticas; el Artículo 24 prohibió el culto público fuera de los recintos sagrados; el Artículo 27 denegó a las iglesias la capacidad de poseer bienes raíces, nacionalizando sus propiedades; y el Artículo 130 despojó de personalidad jurídica a los grupos religiosos, cercenó los derechos civiles de los sacerdotes y confirió a las entidades federativas la facultad de fijar cupos máximos de clérigos.

Las tensiones sociales aumentaron de forma alarmante el 14 de noviembre de 1920, fecha en que tuvo lugar un perpetrado atentado con bomba en la Antigua Basílica de Guadalupe. La tentativa de destrucción de la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe indignó profundamente a la feligresía de México, sembrando un motivo de insurrección armada que maduró paulatinamente durante los mandatos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Tras la llegada del presidente Plutarco Elías Calles al Poder Ejecutivo, la presión gubernamental se endureció significativamente. Con el respaldo directo de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la administración promovió en 1925 el establecimiento de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM), un organismo cismático concebido expresamente para fracturar la obediencia al Vaticano.

La Ley Calles y la radicalización de la resistencia civil

El detonante definitivo de la conflagración militar fue la promulgación de la Ley de Reformas al Código Penal, popularmente bautizada como la Ley Calles, expedida en 1926 por el presidente Plutarco Elías Calles. Dicho cuerpo normativo buscó proveer a las autoridades de herramientas jurídicas drásticas para aplicar de forma expedita las restricciones del Artículo 130 constitucional y suprimir toda participación de las instituciones religiosas en la vida pública nacional. Las reglamentaciones locales cobraron matices de extrema intransigencia en diversos estados: en Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canabal decretó que solo las personas casadas podían ejercer el sacerdocio; en Chihuahua, se obligó a las autoridades eclesiásticas a operar con una cantidad irrisoria de presbíteros; y en Tamaulipas, se prohibió en forma absoluta el ejercicio del ministerio a clérigos de origen extranjero.

En respuesta a la legislación coercitiva, la comunidad católica articuló vías de protesta pacífica mediante la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Se reunieron casi dos millones de firmas para someter una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión, pero la petición fue tajantemente desestimada. Ante la cerrazón institucional, la sociedad organizada promovió un boicot económico nacional que consistió en la abstención del pago de impuestos, la suspensión del consumo de productos comercializados por el Gobierno, el rechazo a los boletos de la Lotería Nacional y la renuncia al uso de vehículos de motor para golpear los ingresos por gasolina. Aunque el boicot desestabilizó la economía de México, la falta de acuerdos aceleró la radicalización de las facciones extremistas dentro del ámbito católico.

El alzamiento de los cristeros y el estallido de las hostilidades

El movimiento insurgente armado comenzó a propagarse con velocidad en las zonas rurales del centro y occidente de México, abarcando territorios en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, la Ciudad de México y la península de Yucatán. La dirigencia civil del movimiento acopió armamento a partir de enero de 1927, consolidando las primeras guerrillas compuestas por peones y agricultores. Al combate se sumaron miles de voluntarios impulsados por las proclamas de "¡Viva Cristo Rey!" y "¡Viva Santa María de Guadalupe!", origen de donde derivó la denominación despectiva de "cristeros" empleada inicialmente por las tropas del Gobierno federal.

El levantamiento armado formal cobró vida en la localidad de Valparaíso, Zacatecas, la noche del 14 de agosto de 1926, cuando el caudillo Pedro Quintanar puso en marcha el plan insurreccional organizado por Aurelio Acevedo. Tras movilizar sus huestes en las zonas de Peñitas y Peñas Blancas, Pedro Quintanar se enfrentó exitosamente a los efectivos gubernamentales en Huejuquilla el Alto, Jalisco, el 29 de agosto de 1926, anotándose la primera victoria militar de la Cristiada. A partir de ese momento, los brotes guerrilleros se multiplicaron en el corazón del país. Pese a que la cúpula de obispos se distanció formalmente de la insurrección armada y buscó la mediación del gobierno de los Estados Unidos, el número de milicianos cristeros creció de forma ininterrumpida, pasando de 12 mil combatientes en 1927 a más de 20 mil hacia 1929. Este ejército irregular enfrentó al Ejército Mexicano sin contar con mecanismos formales de entrenamiento, logística ni un mercado abierto de compras en el exterior.

La crisis política alcanzó su punto de mayor zozobra en 1928 a causa de la reelección del expresidente Álvaro Obregón, figura hegemónica del influyente Grupo Sonora. Álvaro Obregón planeaba asumir de nueva cuenta la magistratura suprema y negociar la paz con la insurgencia religiosa; sin embargo, el mandatario electo fue ejecutado el 17 de julio de 1928 por el militante católico José de León Toral en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Este magnicidio descabezó a la cúpula revolucionaria y forzó al estamento político a reestructurar la conducción del Estado.

Estructura, reclutamiento y composición del Ejército Cristero

El denominado Ejército Cristero operó como una milicia mayoritariamente campesina compuesta por peones, jornaleros y aparceros de reducidos ingresos económicamente desfavorecidos. La base operativa agraria garantizó el abastecimiento de contingentes de tropa, en tanto que las redes católicas urbanas asumieron los frentes de difusión, acopio financiero, inteligencia e insumos médicos. Aunque la inmensa mayoría de las grandes élites agrarias respaldaron al régimen de Plutarco Elías Calles, existieron destacadas excepciones de hacendados que financiaron y lideraron partidas en el campo de batalla, entre los que sobresalieron Jesús Quintero, José Guadalupe Gómez, Manuel Moreno, Salvador Aguirre, Luis Ibarra y Pedro Quintanar.

Un pilar insustituible dentro de la infraestructura insurgente estuvo representado por las mujeres a través de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, las cuales llegaron a agrupar a más de 25 mil voluntarias. Estas combatientes y colaboradoras arriesgaron sus vidas transportando cartuchos, alimentos, correspondencia secreta y asistencia médica a las filas rebeldes. La geografía del combate abarcó divisiones continentales con fuerzas distribuidas estratégicamente a lo largo de México:

• Michoacán: 12 000 combatientes.
• Jalisco: 10 000 combatientes (distribuidos entre la División del Sur con 9 regimientos y la Brigada de los Altos con 5 regimientos).
• Zacatecas: 5400 combatientes (organizados en la Brigada Quintanar y partidas comandadas por Chema Gutiérrez, Felipe Sánchez y Pedro Sandoval).
• Guanajuato y Querétaro: 4000 combatientes (incluyendo la Brigada de la Cruz en la Sierra Gorda).
• Guerrero: De 2000 a 4000 combatientes.
• Durango: De 1500 a 3000 combatientes.
• Nayarit y Sinaloa: 2500 combatientes.
• Volcanes de Colima: 2000 combatientes (organizados en 6 regimientos).
• Oaxaca: 1500 combatientes.
• Puebla, Tlaxcala y Veracruz: 1000 combatientes.
• Estado de México, Morelos y el Distrito Federal: 1000 combatientes pertenecientes a la Brigada Mendoza.
• Tehuantepec: 800 combatientes.

Con la adición de unidades irregulares en Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Tabasco y los Tuxtlas, la cifra global de efectivos de la causa cristera alcanzó aproximadamente 50 mil hombres en armas. El mando fue ejercido por cerca de 200 Jefes Militares elegidos democráticamente por la tropa en función de su valor militar, entre los que destacaron el General Enrique Gorostieta, Justo Ávila, Miguel Hernández, Emilio Barrios, Dámaso Barraza, Simón Cortés, Sabino Salas, Fernando Pedroza, Félix Barajas, José Velasco, Pedro Cordero, Victoriano Bárcenas, Benjamín Mendoza y el legendario Victoriano Ramírez, conocido popularmente como "El Catorce".

Las operaciones militares, contragolpes gubernamentales y enfrentamientos

A lo largo de los tres años de conflagración bélica, el territorio de México presenció encarnizados choques armados, asedios e incursiones a plazas urbanas. Entre los hechos de armas más notables figuraron:

• Toma de Huejuquilla el Alto
• Toma de Valparaíso
• Batalla de Santiago Bayacora
• Batalla de Cerrito Verde
• Batalla del Cerro del Capulín
• Batalla del Cerro de las Papas
• Batalla de Tepatitlán
• Batalla de El Fresnal
• Asalto de Manzanillo
• Batalla de Piedra Imán
• Batalla de Caucentla
• Batalla de Los Rubios
• Batalla de Tenaxcamilpa
• Batalla de Nogueras
• Batalla del Borbollón
• Batalla de Mezquitic
• Batalla de San Julián
• Batalla de Cuquío
• Toma de Juchitlán
• Toma de Cocula (1927)
• Toma de Colima
• Toma de Cocula (1929)
• Masacre de Encarnación de Díaz
• Toma de Colotlán
• Batalla de Amatlán de Cañas
• Batalla de Etzatlán
• Batalla de San Marcos (1927)
• Batalla de Guachinango
• Batalla de Mascota
• Batalla de Ixtlán del Río
• Toma de Compostela
• Incidente de Tepatitlán
• Batalla de Atotonilco el Alto
• Batalla de Villa de Guadalupe
• Batalla del cerro El Fresquial
• Batalla de Sahuayo, Jiquilpan y Cotija
• Bombardeo aéreo de Torreón, Coahuila

Para contrarrestar la movilidad defensiva de las guerrillas, el Ejército Mexicano, conducido por el Secretario de Guerra Joaquín Amaro, aplicó una severa estrategia de reconcentración forzada de la población civil en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas. Las tropas procedieron a la quema de campos, destrucción de hogares y ejecuciones sumarias para cortar el aprovisionamiento de las milicias religiosas, maniobras que Joaquín Amaro calificó como un éxito operativo pero que derivaron en la pérdida de miles de vidas de inocentes no combatientes.

Las negociaciones diplomáticas y los Arreglos de 1929

El agotamiento de ambas partes y la vertiginosa desestabilización nacional forzaron la apertura de mesas de negociación bajo los auspicios de la diplomacia internacional. Tras la asunción interina del presidente Emilio Portes Gil, el embajador de los Estados Unidos en México, Dwight Morrow, intervino activamente como mediador de los diálogos. Por parte de las autoridades eclesiásticas, la Santa Sede encomendó la representación oficial al obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, quien actuó en coordinación con el delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores para entablar negociaciones directas con el mandatario Emilio Portes Gil.

El 21 de junio de 1929 se alcanzaron los históricos Acuerdos de 1929, mediante los cuales el Gobierno prometió una amnistía general para los insurgentes que depusieran las armas, la restitución de los templos, residencias curales y palacios episcopales, y la moderación de las medidas punitivas. No obstante, la solución pactada generó hondas fisuras ideológicas en el catolicismo nacional: mientras prelado como José Mora y del Río y Pascual Díaz Barreto respaldaron la conciliación, figuras intransigentes como el obispo de Tacámbaro, Leopoldo Lara y Torres, condenaron los acuerdos. Gran parte de los combatientes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa consideraron el pacto como una traición; de los cerca de 50 mil insurgentes armados, apenas 14 mil depusieron formalmente las armas ante mandos como el general federal Matías Villa en San Gabriel, Jalisco. Asimismo, el régimen censuró abiertamente a la prensa independiente; diarios de amplia circulación como Excélsior, bajo la dirección de Rodrigo de Llano, fueron intervenidos financieramente a través del empresario Federico T. de Lachica para silenciar la cobertura favorable al movimiento insurgente.

La Segunda Guerra Cristera y la ofensiva contra los maestros rurales

La paz pactada en 1929 inauguró un frágil equilibrio caracterizado como modus vivendi o "relaciones nicodémicas", en el cual las autoridades eclesiásticas renunciaban a reclamos políticos abiertos y el Estado omitía la aplicación estricta de las normas laicas. Sin embargo, esta estabilidad se fracturó el 21 de julio de 1934, cuando Plutarco Elías Calles, en su papel de "Jefe Máximo de la Revolución", pronunció el Grito de Guadalajara, instando a trasladar la contienda militar al ámbito pedagógico y de las conciencias de la niñez mexicana. Bajo la posterior presidencia de Lázaro Cárdenas, el Congreso de la Unión modificó el Artículo 3° constitucional en octubre de 1934 para decretar la impartición obligatoria de la "educación socialista".

El radicalismo educativo reavivó el conflicto armado entre 1934 y 1938, fase histórica catalogada como la Segunda Guerra Cristera o "La Segunda". Frente a estos sucesos, el Papa Pío XI emitió las encíclicas Acerba animi en 1932 y Firmissimam constantiam en 1937, condenando enérgicamente las políticas anticlericales del Gobierno mexicano de manera análoga a sus críticas contra los regímenes totalitarios de la Alemania Nazi y la Italia de Benito Mussolini. Durante esta segunda oleada de violencia, grupos radicalizados arremetieron violentamente contra el magisterio rural. Cerca de 300 docentes indefensos fueron torturados y asesinados entre 1935 y 1939, registrándose crímenes impunes como las mutilaciones a los "maestros desorejados", el asesinato de los profesores Carlos Sayago, Carlos Pastraña y Librado Labastida en Teziutlán, Puebla; la ejecución en la hoguera de Carlos Toledano en Tlapacoyan, Veracruz; el linchamiento de 42 maestros en Michoacán; y el atroz feminicidio de la maestra María Rodríguez Murillo en Tabasco, Zacatecas.

Las consecuencias históricas y la reforma constitucional de 1992

El desenlace a largo plazo de la Guerra Cristera remodeló la estructura institucional del México contemporáneo. Para prevenir nuevos brotes de insurgencia, las autoridades viraron hacia una tolerancia progresiva durante los mandatos de Manuel Ávila Camacho —primer presidente de la era moderna en declararse abiertamente católico—, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. La conducción de la diplomacia eclesiástica recayó en Arzobispos de la Ciudad de México como Luis María Martínez y Ernesto Corripio Ahumada, al tiempo que el Vaticano designó a delegados apostólicos de origen mexicano como Leopoldo Ruiz y Flores para mantener la estabilidad del modus vivendi.

La visita histórica del Papa Juan Pablo II a México en enero de 1979 para la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla evidenció la irrelevancia práctica del marco jurídico persecutorio de 1917. Finalmente, en 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó una trascendental reforma a los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 de la Constitución, respaldada por las fuerzas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dicha modificación restauró la personalidad jurídica de las iglesias, restableció relaciones diplomáticas formales con la Santa Sede y devolvió el derecho al voto a los ministros de culto. Asimismo, la huella social de la Cristiada impulsó el surgimiento de movimientos cívicos de inspiración católica como la Unión Nacional Sinarquista, el Partido Demócrata Mexicano y la consolidación ideológica del Partido Acción Nacional.

Resumen

La Guerra Cristera (1926-1929) constituyó uno de los episodios más traumáticos y sangrientos en la historia del México del siglo XX, motivada por la confrontación abierta entre el Gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y la feligresía católica opuesta a las severas restricciones del culto aplicadas mediante la Ley Calles y el Artículo 130 de la Constitución de 1917. Con un saldo cercano a las 250 mil víctimas mortales, la insurrección involucró a más de 50 mil milicianos agrupados en el Ejército Cristero que, bajo el liderazgo de figuras como el General Enrique Gorostieta y Pedro Quintanar, mantuvieron un eficaz enfrentamiento guerrillero contra el Ejército Mexicano en los estados del occidente y centro del país. La contienda abarcó el sacrificio cívico de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, las brutales tácticas de reconcentración forzada dirigidas por el general Joaquín Amaro y episodios trágicos como el magnicidio del presidente electo Álvaro Obregón a manos de José de León Toral.

Aunque los Acuerdos de 1929 suscritos por el presidente Emilio Portes Gil, el obispo Pascual Díaz Barreto y el embajador Dwight Morrow establecieron un modus vivendi temporal, las tensiones rebrotaron durante la década de 1930 con la promulgación de la "educación socialista" por parte de Lázaro Cárdenas y el Grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles. Esta Segunda Guerra Cristera derivó en sangrientas agresiones contra el magisterio rural antes de dar paso a una era de pacificación institucional. El conflicto cerró definitivamente su ciclo jurídico en 1992, cuando la reforma constitucional promovida por el presidente Carlos Salinas de Gortari reconoció la personalidad jurídica de las instituciones religiosas y restableció las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, consolidando el marco de libertades civiles vigentes en la nación.