Elecciones federales de México de 2018

Las elecciones federales de México de 2018 fueron un evento crucial para la política mexicana, marcando una nueva etapa en el proceso electoral del país. Este proceso se desarrolló bajo el auspicio del Instituto Nacional Electoral (INE), que declaró formalmente iniciado el proceso el 8 de septiembre de 2017, considerado uno de los más extensos y complejos en la historia electoral mexicana.

El artículo abarca varios aspectos clave: primero, se revisan las elecciones presidenciales previas del 2012, donde Enrique Peña Nieto ganó con una ventaja significativa sobre Andrés Manuel López Obrador. Este resultado sentó las bases para el análisis de la estructura política y social que se enfrentaría en 2018. Posteriormente, se detalla cómo estas elecciones federales renovaron importantes cargos a nivel federal e incluyeron simultáneamente procesos locales en 30 estados, lo que refleja la amplitud y complejidad del sistema electoral mexicano.

Antecedentes

Enrique Peña Nieto fue elegido presidente de México en las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012. La coalición Compromiso por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo la victoria con un total de 19 millones 158 mil 592 votos. Su principal contendiente, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista (PRD-PT-MC), logró 15 millones 848 mil 827 votos.

El proceso electoral fue marcado por críticas y acusaciones de irregularidades, incluyendo compra de votos, gasto excesivo y trato mediático preferencial para Peña Nieto. La victoria del PRI se explicó en parte a la pérdida de popularidad del entonces presidente panista Felipe Calderón, así como por la capacidad de Peña Nieto para evitar divisiones internas dentro del propio partido.

El 31 de agosto de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó oficialmente los resultados. Sin embargo, el movimiento YoSoy132 puso en duda la legitimidad de la victoria priista. A pesar de estas controversias, Peña Nieto asumió la presidencia y rápidamente comenzó a enfrentar altos niveles de desaprobación; en enero de 2017, el 86 % de los mexicanos lo desaprobaban.

En las elecciones legislativas concurrentes, el PRI obtuvo una mayoría significativa con 207 diputados y 52 senadores. En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) logró 114 diputados y 38 senadores, mientras que el PRD se quedó con 100 diputados y 22 senadores.

La victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del año 2012 sentó las bases para un período marcado por la consolidación del PRI en el poder. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) había gobernado México durante gran parte de su historia, pero había experimentado una caída en popularidad en los años anteriores a las elecciones. La victoria de Peña Nieto se vio favorecida por la desaprobación del presidente panista Felipe Calderón y la capacidad del PRI para evitar divisiones internas.

El proceso electoral fue rodeado de controversias, con acusaciones de irregularidades que incluían compra de votos, gasto excesivo y trato mediático preferencial. Estas acusaciones fueron respaldadas por el movimiento YoSoy132, un grupo de estudiantes y ciudadanos que cuestionaron la legitimidad del resultado electoral.

del mandato

Durante su mandato, Enrique Peña Nieto enfrentó una desaprobación histórica. En enero de 2017, el 86 % de los mexicanos lo desaprobaban, lo que reflejaba la falta de confianza y el malestar social durante su presidencia. Este alto nivel de desaprobación se debió en gran medida a las expectativas no cumplidas, la corrupción y la percepción de una falta de reformas significativas.

El Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 114 diputados y 38 senadores, mientras que el PRD logró 100 diputados y 22 senadores. La coalición del PRI y el PVEM, con 25 escaños en la Cámara de Diputados y 11 en el Senado, consolidó su mayoría en el Congreso.

La victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012 sentó las bases para un período de estabilidad política, aunque también se vio acompañada de críticas y controversias. La desaprobación del presidente panista Felipe Calderón fue un factor crucial en la victoria priista, mientras que el PRI demostró su capacidad para evitar divisiones internas.

El resultado electoral consolidó al PRI como principal partido en el poder, pero también generó una fuerte oposición y descontento social. A pesar de las acusaciones de irregularidades, Peña Nieto asumió la presidencia con un mandato que se vio rápidamente afectado por altos niveles de desaprobación.

La victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del 2012 sentó las bases para una administración priista, aunque también generó controversias y críticas. El Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo una cantidad significativa de escaños, pero el PRD se vio marginado. La desaprobación del presidente en enero de 2017 alcanzó un nivel récord del 86 %, lo que reflejaba la falta de confianza y el malestar social durante su mandato.

Cargos

En el marco de las elecciones federales de México de 2018, se renovaron importantes cargos federales. El presidente de la República, quien asumió su cargo el 1 de diciembre de 2018, fue elegido para un mandato de cinco años y diez meses, finalizando en octubre de 2024. Este período atípico se debió a una reforma política-electoral que adelantó la toma de posesión presidencial.

En el Congreso de la Unión, se renovaron tanto los senadores como los diputados. Los 128 senadores fueron elegidos para un mandato de seis años, comenzando su periodo el 1 de septiembre de 2018. Esta cámara alta fue conformada por 39 representantes del Distrito Federal y 89 de los estados, con tres senadores elegidos directamente en cada entidad federativa más una lista nacional que proporcionó 32 senadores adicionales.

Los 500 diputados de la LXIV Legislatura también asumieron sus funciones el mismo día, pero divididos entre dos grupos: 300 diputados electos por mayoría simple y otros 200 elegidos por representación proporcional. Cada uno de estos legisladores comenzó su mandato con un período de tres años.

En este contexto, la reforma política-electoral permitió la reelección para senadores y diputados hasta un máximo de doce años, aunque debían ser por la misma vía que los habían elegido originalmente. Esta nueva disposición significó que los legisladores podían aspirar a cuatro periodos consecutivos en el caso de los diputados y dos en el caso de los senadores.

El inicio de estos cargos federales sentó las bases para un nuevo ciclo legislativo y ejecutivo, marcando cambios importantes en la estructura del poder político mexicano.

Votantes

En 2018, la participación electoral en México se mantuvo como un derecho fundamental establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este marco legal define que todos los ciudadanos mayores de 18 años, y que posean "un modo honesto de vivir", tienen el derecho a votar. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales amplía esta definición al establecer que votar es tanto un derecho como una obligación, destinado para integrar órganos del Estado de elección popular.

Durante las elecciones federales de 2018, el voto en México fue descrito como universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Esta caracterización refleja la importancia y rigidez con que se considera este derecho en el sistema político mexicano. El Registro Federal de Electores y las credenciales para votar son elementos cruciales para garantizar que solo ciudadanos registrados puedan ejercer su voto, asegurando así la integridad del proceso electoral.

En términos prácticos, los votantes deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y presentar una credencial para votar. Estas medidas ayudan a prevenir fraudes y garantizar que solo ciudadanos válidamente registrados puedan participar en la elección. La implementación de estas regulaciones es crucial para mantener la integridad del proceso electoral, asegurando que el voto sea efectivo y justo.

En 2018, la ley requería a los ciudadanos cumplir con estos requisitos para poder votar, lo cual implicaba un nivel de organización y planificación por parte de los potenciales electores. La credencial para votar no solo es un mecanismo de identificación, sino también una garantía legal que permite al individuo ejercer su derecho a voto en las elecciones federales.

Sistema electoral

El sistema electoral mexicano es mixto, utilizando diversos mecanismos para convertir los votos en puestos de representación: mayoría relativa, representación proporcional y primera minoría. El presidente de México es elegido por voto directo de los ciudadanos mexicanos mediante el sistema de mayoría relativa.

El Congreso de la Unión está compuesto por dos cámaras. La Cámara de Diputados cuenta con 300 diputados electos a través del sistema de distritos electorales uninominales, donde se aplica la votación mayoritaria relativa, y 200 diputados elegidos mediante el principio de representación proporcional en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Senadores está formada por 128 senadores: 32 son electos por representación proporcional, mientras que los demás se dividen entre tres por cada estado, dos elegidos por mayoría relativa y uno para la primera minoría.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo encargado de las elecciones federales en México. Entre sus responsabilidades, el INE se encarga de preparar la jornada electoral, imprimir documentos y producir materiales electorales, realizar los escrutinios y cómputos, así como declarar la validez de los resultados.

Esta estructura del sistema electoral mexicano busca equilibrar la representación directa con la proporcional, asegurando que tanto los votantes individuales como los partidos políticos tengan una voz en las instituciones legislativas.

Candidatos

En el marco de las elecciones federales de México de 2018, la participación de los candidatos fue amplia y diversa, incluyendo tanto representantes partidistas como individuos independientes. Según el artículo 362 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los ciudadanos tienen el derecho a presentarse como candidatos presidenciales de manera independiente, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por esta ley.

Durante la campaña, varios nombres se destacaron en la escena política. Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista (PRD-PT-MC), fue uno de los candidatos más prominentes. Su plataforma se basaba en una promesa de cambio y reformas significativas para México. Por otro lado, José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó su propuesta con el objetivo de continuar las políticas establecidas durante la administración anterior.

El candidato independiente Ricardo Anaya Cortés, representante del partido Acción Nacional (PAN), también tuvo una participación significativa. Su plataforma se enfocaba en modernización y transparencia gubernamental. Estos tres candidatos se convirtieron en los principales contendientes para la presidencia.

En el Congreso de la Unión, se renovaron importantes cargos federales, incluyendo la presidencia del Senado y la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Estas elecciones internas fueron cruciales para definir quiénes liderarían los principales órganos legislativos durante el mandato presidencial.

El proceso electoral fue riguroso, con una participación ciudadana significativa que reflejó el interés del electorado en la elección de un nuevo presidente. La diversidad de candidatos y partidos participantes demostró la pluralidad política vigente en México, permitiendo a los ciudadanos elegir entre opciones diversas para el liderazgo nacional.

Acceso a personas con discapacidad

El Compromiso de Acceso a los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad, presentado en marzo de 2018, fue un hito en la historia electoral mexicana. Este protocolo, elaborado conjuntamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diversas organizaciones civiles, se enfocó específicamente en garantizar el derecho al voto para las personas con discapacidad.

El Compromiso de Acceso incluyó una serie de medidas que aseguraban el desplazamiento libre a las casillas electorales. Estas garantías permitían a las personas con discapacidad acceder sin barreras a los lugares donde se llevaría a cabo la votación, facilitando su participación en el proceso electoral.

Durante el proceso de votación, se proporcionó asistencia especializada para que las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho al voto de manera efectiva. Esta asistencia incluía la presencia de funcionarios capacitados y voluntarios dispuestos a ayudar en caso necesario, asegurando un trato justo y equitativo.

El Compromiso de Acceso fue parte integral del marco legal que reguló las elecciones federales de 2018. Este protocolo se inscribió como una garantía adicional para el ejercicio del derecho al voto, abarcando aspectos cruciales como la accesibilidad física y el apoyo personalizado durante el proceso electoral.

En resumen, el Compromiso de Acceso a los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad sentó las bases para un sistema electoral más inclusivo en México.

Organización

El Proceso Electoral Federal 2017-2018 inició oficialmente el 8 de septiembre de 2017, marco temporal en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto significativo para financiar partidos políticos y candidatos independientes. Según declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdova, este fue "el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política", alcanzando 6.778 millones de pesos. Este monto se incrementó a 11.904 millones de pesos al incluir los presupuestos estatales.

Entre septiembre y marzo, se implementaron varias etapas críticas para la preparación electoral. A finales de agosto, el INE estableció tres fechas clave: el 6 de febrero como límite para recabar apoyo ciudadano para candidatos independientes, con las precampañas finalizando cinco días después; y el 29 de marzo para aprobar los registros de candidaturas. Estas decisiones permitieron un ordenado proceso de preparación y registro.

En agosto del mismo año, el INE solicitó un presupuesto mayor, estimando 25.4 mil millones de pesos para 2018. No obstante, en noviembre, la Cámara de Diputados recortó este monto a 24.215.327 pesos, lo que afectó directamente los recursos disponibles para el proceso electoral.

Durante el transcurso del proceso, se previeron aproximadamente 59.7 millones de comerciales diarios en radio y televisión, distribuidos entre las seis de la mañana y las doce de la noche. Estas emisiones serían protagonizadas por partidos políticos, precandidatos, candidatos y autoridades electorales, estimándose un promedio diario de 304 mil comerciales en 3111 concesionarias.

El 31 de enero se seleccionaron a los ciudadanos nacidos entre febrero y marzo para conformar las mesas electorales. De un total de 11.4 millones de ciudadanos, se elegiría a 1.4 millones como funcionarios de casilla, responsables de garantizar la integridad del proceso electoral en cada una de las mesas.

Conteo rápido

En noviembre de 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó cambios al Reglamento de Elecciones con el objetivo de acelerar el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Estos cambios incluían la posibilidad de abrir las urnas electorales para identificar y reubicar boletas depositadas incorrectamente, lo que se pretendía facilitaría un conteo más preciso en las horas posteriores a la elección. Sin embargo, estas modificaciones fueron anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en febrero de 2018.

El TEPJF argumentó que abrir las urnas excedía las facultades del INE y transgredía los principios de reserva de ley, certeza y seguridad jurídica. Esta decisión generó un choque entre las autoridades electorales, ya que el INE consideraba que la anulación significaría retrasos en el conteo rápido, lo que podría generar sospechas y incertidumbre.

El INE respondió a esta situación buscando otras alternativas para acelerar el proceso. En febrero de 2018, presentó una "ruta alternativa" que implicaba utilizar la información registrada en las "hojas de operación de cómputo" de los funcionarios de casilla. Con este mecanismo, el INE se comprometió a divulgar a las 23:00 horas del 1 de julio las tendencias de votación para la elección presidencial.

Este compromiso se formalizó seis días después y representaba un esfuerzo por garantizar transparencia y rapidez en los resultados electorales, incluso en el contexto de una controversia legal entre las autoridades electorales.

Candidaturas independientes

En el marco de las elecciones federales de México de 2018, se registraron 283 aspirantes a candidaturas independientes, distribuidos entre la Presidencia (48), el Senado (54) y la Cámara de Diputados (181). Este proceso requería que los aspirantes recogieran firmas específicas según su cargo. Para postularse como candidato presidencial, era necesario obtener 866 593 firmas, equivalente al 1 % de la lista nominal nacional, en 17 estados del país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó un presupuesto significativo para facilitar el proceso de recolección de firmas. Para ello, se desarrolló la aplicación móvil «Apoyo Ciudadano INE», a la que se destinaron 4.8 millones de pesos. Sin embargo, esta herramienta fue criticada por presentar problemas técnicos y fallas durante su implementación.

A inicios de diciembre, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, logró ser el primer aspirante a candidato independiente a la presidencia en alcanzar la cifra mínima requerida. Sin embargo, solo contó con el apoyo del 1 % del padrón electoral en tres estados: Nuevo León, Estado de México y Tabasco. Margarita Zavala y Armando Ríos Piter también superaron el umbral de firmas, pero no la dispersión necesaria.

Finalmente, para el 19 de febrero de 2018, solo tres aspirantes a candidatos independientes a la presidencia lograron superar tanto el número como la dispersión requerida: Ricardo Anaya Cortés (El Bronco), Armando Ríos Piter y Margarita Zavala.

Partido Acción Nacional

En 2015, Margarita Zavala, ex primera dama de México, anunció su intención de postularse para las elecciones presidenciales de 2018. Esta decisión inicialmente se consideraba dentro del marco del Partido Acción Nacional (PAN). El 23 de enero de 2016, Zavala presentó su plataforma política bajo el nombre "Yo Con México", lo que marcó un paso significativo en su candidatura.

El 27 de julio de 2016, Rafael Moreno Valle Rosas, quien ocupó la gobernación de Puebla desde 2011 hasta 2017, se sumó al PAN como aspirante a la candidatura presidencial. Este movimiento incrementó la competencia interna dentro del partido. Entre otros posibles candidatos se mencionaba a Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato; Ricardo Anaya Cortés, presidente del PAN desde agosto de 2015; y Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

El 4 de abril de 2017, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, anunció su intención de buscar la candidatura del PAN. El 8 de mayo de 2017, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y senador de la República, hizo pública su aspiración para la candidatura presidencial por el partido.

En la elección interna del PAN celebrada en octubre de 2017, Ricardo Anaya Cortés, como presidente del partido, decidió cancelar las votaciones y someter a una recolección de apoyos. Esta decisión fue criticada por sus adversarios, quienes lo acusaron de implementar un "dedazo disfrazado". Zavala presentó su renuncia al PAN el 6 de octubre de 2017 tras 33 años de militancia y anunció sus intenciones de contender como candidata independiente.

Partido Revolucionario Institucional

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) modificó sus estatutos en la XXII Asamblea para permitir la postulación de un ciudadano sin militancia como su candidato a la presidencia, siempre y cuando el prestigio y la fama del ciudadano elegido pongan al partido en condición competitiva para ganar. Además, se estipuló que tal persona debía comprometerse con la Declaración de Principios y el Programa de Acción del partido.

En octubre de 2017, se eligió la «convención nacional de delegados» como el método de elección del candidato presidencial. En este sentido, el 23 de noviembre, el PRI lanzó la convocatoria para la selección del candidato. El registro de interesados se realizará el 3 de diciembre y el 18 de febrero de 2018 se efectuará la convención de delegados.

Diversos personajes expresaron sus intenciones de obtener la candidatura priista para estos comicios. Ya desde el 28 de marzo de 2016, Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán entre 2007 y 2012, anunció que quería «estar en la boleta electoral» de 2018. A ella se sumaron múltiples miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero; el secretario de Salud, José Narro Robles; y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Aunque en un inicio, José Antonio Meade descartó que los cambios estatutarios fueran un «traje a la medida» para favorecerlo, desde agosto de 2017 se le llegó a considerar «el tapado» del PRI. En noviembre siguiente, se consideró que Videgaray «destapó» a Meade durante un discurso ante el cuerpo diplomático de México, en el que lo comparó con el fundador del partido, Plutarco Elías Calles, por ocupar cuatro secretarías en dos gobiernos. Poco después, Videgaray negó haber destapado a Meade.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró al respecto: «Andan bien despistados todos, el PRI no elige a sus candidatos por aplausos». No obstante, el 27 de noviembre, Meade renunció a su cargo y anunció sus intenciones de buscar la candidatura priista. Después de recabar el apoyo de los tres sectores y cuatro organizaciones que conforman el partido, el PRI aprobó que se pudiera registrar como precandidato.

El anuncio fue criticado por la oposición y calificado de «dedazo». Meade se registró como precandidato el 3 de diciembre. Poco después, el 6 de diciembre, renunció el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, para coordinar la campaña presidencial priista.

El proceso de selección del candidato presidencial del PRI sentó las bases para una elección interna que se desarrollaría en febrero de 2018.

Resumen

Las elecciones federales de México de 2018 se desarrollaron bajo un contexto marcado por la consolidación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder tras la victoria presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Esta victoria, a pesar de ser cuestionada por acusaciones de irregularidades y controversias, sentó las bases para una administración priista que enfrentó altos niveles de desaprobación. El mandato de Peña Nieto comenzó con un 86 % de desaprobación en enero de 2017, lo que reflejaba la falta de confianza y el malestar social durante su presidencia.

En términos de instituciones, las elecciones federales renovaron importantes cargos a nivel federal e incluyeron simultáneamente procesos locales en 30 estados. El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente iniciado el proceso el 8 de septiembre de 2017, considerado uno de los más extensos y complejos en la historia electoral mexicana. Los resultados electorales consolidaron al PRI como principal partido en el poder, pero también generaron una fuerte oposición y descontento social. A pesar de las acusaciones de irregularidades, Peña Nieto asumió la presidencia con un mandato que se vio rápidamente afectado por altos niveles de desaprobación, lo que sentó las bases para una nueva etapa en el proceso electoral del país.