Terremoto de México de 1985

El terremoto de México de 1985 fue uno de los eventos naturales más devastadores en la historia reciente del país. Este sismo, que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1, tuvo un impacto profundo y duradero tanto en la Ciudad de México como en todo el territorio nacional.

El artículo se centra en el terremoto de 1985 y sus consecuencias, abordando desde el contexto político y económico del país hasta los cambios sociales y urbanísticos que este desastre provocó. Se detalla cómo la crisis económica previa al sismo afectaba las finanzas públicas y la política interna, con un presidente como Miguel de la Madrid Hurtado intentando reordenar la economía a través de medidas económicas.

Antecedentes Contexto económico y político previo a la catástrofe

Ante el escenario económico complejo que enfrentaba México, con una inflación anual que alcanzó 117 % en 1983, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado implementó un Programa Inmediato de Reordenación Económica para 1985. Este plan buscaba combatir la inflación y recuperar las bases del desarrollo sostenible del país.

A pesar de los esfuerzos por estabilizar la economía, el déficit público se mantuvo en un alto nivel, con el 37.5 % del presupuesto destinado al pago de la deuda. La reducción del gasto público incluyó una disminución significativa en la inversión pública y el ajuste administrativo del gobierno federal.

Contexto de la situación política y económica del país En 1982, México enfrentaba una crisis económica severa, la cual afectó significativamente su economía y condición financiera. La inflación alcanzó un pico anual del 117 % en 1983, aunque disminuyó al 60 % en 1984, según el manejo realista de la política cambiaria que logró estabilizar la cotización del dólar con el peso. En 1984, la tasa fue de $148.50 por unidad de peso, mientras que en 1985 aumentó a $450.00.

Durante este período, México perdió temporalmente la mitad de su mercado petrolero y experimentó una caída en las exportaciones petroleras, lo que redujo los ingresos públicos por este concepto desde el 9.7 % del PIB en 1984 al 8.4 % en 1985. La participación en el PIB de los ingresos públicos no petroleros también disminuyó, pasando de 20.8 % a 20.2 % del mismo período.

El déficit fiscal en 1984 fue del 6.5 %. El gasto público se redujo significativamente, con una disminución del 40 % en la inversión pública y un 16 % en el gasto corriente. Se implementaron ajustes drásticos en la burocracia federal, reduciendo el número de unidades administrativas desde 690 a 187 entre 1982 y julio de 1985.

El gobierno intentó reestructurar gran parte de la deuda externa, que ascendía a 87 400 millones de dólares, equivalente al 53 % del PIB. El vencimiento de esta deuda era a corto plazo: el 46 % debía pagarse en un plazo no mayor de tres años y el 27 % durante 1983. A pesar de estas medidas, la deuda resultaba impagable.

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado propuso un Programa Inmediato de Reordenación Económica para combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar las bases del desarrollo sostenido, eficiente y equitativo. Este programa buscó reestructurar la economía y enfrentar los desafíos económicos que enfrentaba México en ese momento.

En 1985, se llevaron a cabo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos de bancos centrales de 42 países acreedores. Además, se alcanzaron acuerdos con 634 bancos privados que prestaron dinero al país, lo cual intentó mitigar la crisis financiera.

El Programa Inmediato de Reordenación Económica y las medidas implementadas por el gobierno en respuesta a la crisis económica de 1982 sentaron las bases para una serie de ajustes económicos y políticos que se llevaron a cabo durante los años siguientes.

Gobierno de la

Ciudad de México Durante el período que precedió al terremoto de en la Ciudad de México la administración del Distrito Federal se encontraba bajo la supervisión del jefe del Departamento del Distrito Federal quien era designado por el presidente de la República Este funcionario conocido también como regente de la ciudad asumía un rol crucial en la gestión de los asuntos públicos locales

El regente de la ciudad durante este período fue Ramón Aguirre Velázquez, quien desempeñó esta función subordinada al gobierno federal. Aunque el Distrito Federal no contaba con un gobierno local propio debido a su condición de sede de los poderes federales, las responsabilidades administrativas se distribuían entre diversas instituciones y oficinas.

El Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal establecía la estructura administrativa que regía el funcionamiento de la ciudad. Este reglamento incluía una jerarquía en la cual el jefe del Departamento ocupaba un lugar central, apoyado por cinco secretarías: Gobierno, Desarrollo Social, Obras, Protección y Vialidad, así como sus respectivas secretarías adjuntas. Además, existían otros cargos clave tales como el oficial mayor, el tesorero con tres subtesoreros, el contralor general, y una serie de coordinaciones generales, direcciones generales, y delegados políticos que trabajaban bajo la dirección del jefe del Departamento.

Esta organización administrativa permitía un funcionamiento eficiente de los servicios públicos en la ciudad, aunque su estructura subordinada a las autoridades federales limitaba ciertas decisiones locales.

Legislación de construcción

En la publicación de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal marcó un hito en la regulación del crecimiento urbano en la capital mexicana Esta ley cuyo objetivo principal era ordenar el desarrollo urbano y establecer los destinos usos y reservas del territorio se basaba en la división del Distrito Federal en zonas con características específicas El entonces Departamento del Distrito Federal DDF fue responsable de determinar estos destinos y usos del suelo

La "Ley de Desarrollo Urbano" también contemplaba la creación de un Plan Director, que incluía información integral sobre las condiciones demográficas, sociales, económicas y políticas de la región. Este plan abarcaba aspectos geofísicos, ecológicos y ambientales, así como el manejo del espacio urbano, con énfasis en infraestructura, servicios públicos y transporte. No obstante, esta legislación no incluía conceptos relacionados con la protección civil, lo que resultaría crucial para enfrentar futuras catástrofes.

El Reglamento del Registro del Plan Director del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, emitido en 1976 por el presidente José López Portillo, estableció la obligación de inscribir los planes generales y parciales en la Dirección General de Planificación. Sin embargo, este marco normativo no fue plenamente implementado, ya que solo cinco delegaciones políticas registraron sus planes parciales hasta 1982.

Durante esta etapa, las empresas constructoras estaban obligadas a donar superficies para vías públicas y servicios públicos, como escuelas y parques. Además, debían cumplir con las exigencias fiscales establecidas por la "del Distrito Federal". Estos requisitos buscaban promover el desarrollo urbano ordenado y equilibrado, aunque su efectividad se vio limitada en la práctica.

En 1976, la publicación de esta ley sentó las bases para un marco regulatorio más estructurado del sector construcción en la Ciudad de México. Sin embargo, la falta de implementación plena y el ausentismo de conceptos como protección civil dejaron brechas significativas que se harían evidentes durante el terremoto de 1985.

Carencia de protocolos de emergencia El sistema nacional para la protección civil no existía en 1985. En ese año, el sismo reveló la falta de normas y reglamentos específicos para manejar situaciones de emergencia. El "Reglamento Interior" del Departamento del Distrito Federal, publicado posteriormente el 26 de agosto de 1985, solo estableció atribuciones en materia de obras y protección, pero no abordó la coordinación necesaria entre diferentes niveles de gobierno o instituciones.

Durante los años anteriores al terremoto, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III-E en 1965. Este plan buscaba aminorar los efectos de desastres mediante la coordinación de fuerzas armadas y organismos del gobierno federal e instituciones privadas. Sin embargo, este plan operaba con un enfoque más preventivo y no estaba diseñado para responder inmediatamente a catástrofes como el sismo.

El Plan DN-III-E se organizaba en grupos de auxilio de diferentes niveles: nacional, estatal y municipal. Estos grupos mantenían reuniones periódicas para prepararse ante posibles desastres y podían entrar en acción rápidamente cuando se daban señales de alerta. No obstante, este sistema no era suficiente para la magnitud del terremoto que azotó a México.

Posteriormente, en 1986, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, aunque su funcionamiento inicial fue limitado. El de Desastres (Fonden) no existía hasta 1996, lo que significaba que durante la crisis del sismo, las ayudas financieras y materiales para la recuperación se gestionaron de manera improvisada.

La falta de un protocolo estandarizado resultó en una respuesta ineficiente a la emergencia. Los grupos de auxilio existentes no podían coordinarse adecuadamente debido a la ausencia de normativas y recursos específicos, lo que llevó a situaciones críticas durante el sismo.

Las fallas en los protocolos de emergencia se hicieron evidentes cuando el sismo golpeó la Ciudad de México. Las comunicaciones se vieron severamente afectadas, y las estructuras de gobierno no estaban preparadas para coordinar una respuesta efectiva a la crisis. La falta de un sistema nacional de protección civil significaba que los recursos disponibles se distribuyeron de manera ineficiente.

Los grupos de auxilio locales, aunque activos, encontraron dificultades para comunicarse y coordinar acciones con otros niveles de gobierno. La improvisación en la gestión de la ayuda humanitaria y material resultó en un retraso significativo en la atención a las necesidades básicas de los damnificados.

El terremoto desveló la urgencia de establecer un marco legal y regulador para la protección civil, lo que llevó al desarrollo posterior del Sistema Nacional de Protección Civil y el Fonden.

Características del suelo de la ciudad

La Ciudad de México ubicada sobre un lago desecado artificialmente presentaba una compleja geología que influyó significativamente en los daños causados por el terremoto de Este territorio se caracterizaba por estar sobre roca cubierta por una capa variable de arcilla y terraplenados Según la fuente esta configuración geográfica era crucial para entender la magnitud del impacto

En este contexto, la velocidad de propagación de las ondas sísmicas variaba según el tipo de suelo. La roca, con una mayor densidad y menor absorción, permitía a las ondas sísmicas viajar más rápido y con menos reflejos. Por otro lado, la capa de arcilla, por su alta plasticidad y capacidad de atrapar energía, retrasaba y amplificaba los efectos del terremoto, prolongando el período de movimiento libre. Esta característica geológica contribuyó a que la Ciudad de México sufriera numerosos daños, incluso a una distancia considerable del epicentro.

Además, la presencia de terraplenados, construidos sobre el lago desecado, añadía complejidad al escenario. Estas estructuras no solo alteraban la topografía original sino que también interferían con la distribución y propagación de las ondas sísmicas, potenciando los efectos destructivos en ciertas áreas más propias del suelo arcilloso.

Origen

El epicentro del terremoto de se localizó en el océano Pacífico frente a la costa del estado de Michoacán muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas Según un informe publicado por el Instituto de Geofísica y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México el sismo ocurrió a las a m tiempo del Centro La magnitud del terremoto fue considerablemente alta registrándose una intensidad de entre IX y X en la escala de Mercalli en la Ciudad de México

El movimiento telúrico se originó debido al fenómeno de subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa Norteamericana. Esta falla, conocida como brecha de Michoacán, fue particularmente activa en este evento.

El sismo duró aproximadamente 2 minutos y alcanzó la Ciudad de México a las 07:19 a. m., causando destellos visibles en el cielo debido a la energía liberada equivalente a 1114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una, según diversas estimaciones.

Réplicas

La réplica más significativa ocurrió el día siguiente el de septiembre de a las hora local UTC Esta segunda ola de actividad sísmica con una magnitud de en la escala de momento Mw y en la escala local ML se localizó cerca del puerto de Zihuatanejo en Guerrero Aunque su epicentro no estuvo tan cercano a la Ciudad de México como el primero esta réplica tuvo un impacto significativo provocó el colapso adicional de edificios y exacerbó el daño estructural en varios otros inmuebles que ya habían sido afectados por el primer sismo

El impacto del segundo terremoto se extendió más allá de la capital. El maremoto generado en Ixtapa-Zihuatanejo, una ciudad costera cercana a Zihuatanejo, produjo olas con una altura máxima de 1.5 metros. Esta secuencia sísmica no solo aumentó los daños materiales y humanos, sino que también evidenció la fragilidad del sistema constructivo en la región.

El sismo del 30 de abril de 1986, aunque menos intenso con una magnitud de 7.0 (Mw), se produjo al noroeste del epicentro principal del terremoto de 1985 y en el estado de Michoacán. Aunque esta réplica no tuvo un impacto directo sobre la Ciudad de México, su ocurrir demuestra que los efectos sísmicos se extendieron a otras regiones del país, generando preocupación adicional sobre la seguridad estructural y la necesidad de mejorar las leyes de construcción y protocolos de emergencia.

Singularidades

La singularidad más destacada del terremoto de en la Ciudad de México fue el fenómeno de quietud sísmica experimentado en la zona epicentral Esta peculiaridad que no se había registrado desde al menos indicaba un mayor acumulado de energía tectónica lo cual explicaba la intensidad y destructividad del sismo Este hecho sin precedentes contribuyó significativamente a la magnitud del impacto en áreas específicas del Distrito Federal donde el suelo arcilloso del desecado lago de Texcoco se vio particularmente afectado

Además, las zonas con suelos más firmes no experimentaron consecuencias significativas, lo que evidenció la heterogeneidad en la distribución del impacto. Este contraste entre áreas con alta y baja vulnerabilidad subrayó la importancia de comprender mejor los aspectos geológicos locales para mejorar la prevención y preparación frente a catástrofes sísmicas.

La "quietud sísmica" no solo fue un fenómeno único en el contexto histórico, sino que también planteó desafíos significativos para la evaluación y comprensión de los riesgos sísmicos en la región. Este hecho singular sentó las bases para futuras investigaciones y políticas de gestión del riesgo en áreas urbanas con geología compleja.

Momentos posteriores al sismo

En las zonas más afectadas se reportó un caos generalizado Los derrumbes no eran el único problema la suspensión del transporte público y los cortes a la circulación complicaron aún más la situación La ciudad quedó paralizada con personas que habían logrado escapar de edificios colapsados intentando buscar ayuda y refugio

La movilización de cuerpos de emergencia fue crucial en estos momentos cruciales. Sin embargo, el caos inicial dificultaba su labor. El sismo había causado daños significativos a la infraestructura vial: más de 516.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica resultaron afectados por fracturas, grietas y hundimientos, equivalente a más de 80 kilómetros de una carretera de un carril. Los rieles del antiguo tranvía en la colonia Roma se salieron del asfalto, lo que evidenciaba el alcance de los daños.

Además, los banquetas también sufrieron graves afectaciones. Más de 85.000 metros cuadrados quedaron destruidos y afectados, aproximadamente el área equivalente a 12 canchas del tamaño del estadio Azteca, junto con sus respectivas guarniciones (37 744 metros cuadrados). Este daño no solo impactó la movilidad peatonal sino que también dejó áreas urbanas sin los elementos de seguridad y accesibilidad que antes proporcionaban.

En este contexto, la ciudadanía se vio obligada a ayudar entre sí. Muchos vecinos salieron a las calles para rescatar a quienes quedaron atrapados o heridos en edificios colapsados. La colaboración ciudadana fue un factor crucial en los primeros momentos de la crisis, aunque no pudo evitar el caos inicial y los daños extensos que el sismo causó.

Edificios y zonas colapsadas En la época existía un estimado de 1 404.000 edificios en la Ciudad de México. De estos, 50 500 sufrieron daños de distinta magnitud, lo que ilustra la extensión del impacto sismológico sobre la capital. Los datos proporcionados por el informe del diputado Sergio Valls Hernández, presidente de la Comisión Especial Pluripartidista, indican que 252 edificios derrumbados y 165 dañados fueron los más afectados.

La zona de terreno blando de la capital concentró una gran cantidad de daños graves. En ciertas zonas, el movimiento sísmico alcanzó aceleraciones de hasta el 18 % de gravedad, en comparación con el 3 % registrado durante el sismo de 1957. Esta singularidad explicaba la intensidad y destructividad del sismo en áreas específicas de la ciudad.

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en su IV Informe de Gobierno presentado el 1 de septiembre de 1986, reportó que fueron 412 edificios los que quedaron destruidos y 5728 afectados. Estas cifras revelan la magnitud del impacto estructural sobre la capital, con 100.000 familias que sufrieron daños en sus viviendas.

La infraestructura hospitalaria fue particularmente vulnerable. Se perdieron 2158 camas por daños diversos en los inmuebles, afectando significativamente la capacidad de atención médica. Los hospitales del Centro Médico Nacional (posteriormente llamado Siglo XXI) y de la Secretaría de Salud General de México y Juárez experimentaron derrumbes de grandes magnitudes. Estos hospitales atendían a personas que no tenían acceso al sistema de salud del IMSS o el ISSSTE, lo que subraya la importancia de su funcionamiento.

Al momento del sismo, en la Ciudad de México vivían unas 6 millones de personas, lo que aumentó significativamente la gravedad del impacto social y humanitario. La pérdida de capacidad hospitalaria representó un 30 % de los servicios médicos disponibles, según el informe del presidente. Como medida precautoria, la comisión interinstitucional médica estableció que no se volverían a construir hospitales de primer nivel en el centro histórico.

El temblor continuaba con suavidad, pero la situación requería una gran tranquilidad y organización para enfrentar los daños causados.

Redes de abasto

En el centro histórico de la Ciudad de México y en muchas zonas de la ciudad no hubo energía eléctrica debido a múltiples daños en la red de abasto Este problema fue especialmente crítico para los servicios básicos y la movilidad urbana

Luego del sismo se reportaron los siguientes daños en la electricidad: El servicio tardó 96 horas en restablecerse por completo, afectando a más de un millón de usuarios. A los tres días del suceso solo se había restablecido el 38% del servicio eléctrico. Estos datos indican la extensión y duración significativa del impacto en la red de abasto.

Entre los daños a esta infraestructura se cuentan 1300 transformadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestaciones y 600 postes de luz. De acuerdo con el informe del diputado Sergio Valls Hernández, presidente de la Comisión Especial Pluripartidista, estos datos reflejan la gravedad de los daños sufridos por la red eléctrica durante el terremoto.

Además de la electricidad, hubo escasez de agua como consecuencia de varias averías en el Acueducto Sur Oriente con 28 fracturas, la red primaria con 167 fugas y la red secundaria con 7229 fugas. El Río La Piedad fue afectado por 6500 metros de drenaje, mientras que en menor grado se vieron afectados el Río Churubusco y las filtraciones de la lumbrera 9 a la 14 del Emisor Central y en 300 metros del Interceptor Centro-Poniente. Estos problemas en los sistemas hidráulicos causaron una crisis sanitaria, con alertas de presencia de sangre en muestras del agua potable en toda la red de la ciudad.

Las autoridades establecieron controles epidemiológicos al abasto de agua varias veces al día y distribuyeron pastillas de cloro para la desinfección del agua. Esta medida fue crucial en un momento donde la población acudía a los registros y fuentes públicas de las calles para extraer el líquido, formándose largas filas ante la necesidad de agua potable.

La red primaria de Teléfonos de México también sufrió daños significativos, por lo que el servicio telefónico en la urbe fue prácticamente nulo luego del episodio. Las centrales telefónicas de San Juan y Victoria sufrieron graves daños, falleciendo cuatro trabajadores en esas instalaciones. No hubo servicio de los números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 09, tampoco larga distancia nacional e internacional, lo que complicó aún más la comunicación exterior.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones. Uno de los comedores del sistema que se encontraba en la Torre D conjunto Pino Suárez se derrumbó y dejó atrapadas a unos 60 trabajadores que hacían cambio de turno y que laboraban en las oficinas de mantenimiento. Su rescate inició, según denuncia de familiares, hasta el 30 de septiembre.

Para el Sistema de Transporte Colectivo este suceso puso a prueba la seguridad de las instalaciones de este sistema en general, puesto que estas, aún construidas en suelo blando debido a los mantos acuíferos y su susceptibilidad a temblores, resistieron el impacto del movimiento telúrico sin daños de magnitud importante. Esto permitió reiniciar operaciones de manera casi inmediata.

En cuanto al transporte público, unos 6200 autobuses de la Ruta 100 dieron servicio de ayuda a los damnificados en semanas subsecuentes, operando con normalidad el servicio algunos días después, excepto 23 rutas recortadas por derrumbes y 11 desviadas. El servicio de autobuses de la antigua Ruta 100 operó gratuitamente durante el tiempo de recuperación de la ciudad, inclusive los servicios de esta misma al Estado de México operaron gratuitamente.

Notablemente, la paraestatal también prestó autobuses para acondicionarse como aulas, así como también prestar servicio de emergencia y gratuito en ciertas rutas, además de reforzar frecuencias en recorridos que pasaran cerca de los lugares afectados con el fin de eficientar las labores de rescate voluntarias.

Resumen

El terremoto de México de 1985, ocurrido el 19 de septiembre con una magnitud de 8.1 Mw, fue un evento catastrófico que afectó particularmente a la Ciudad de México y otras regiones del país. Este sismo superó en intensidad y daños al terremoto de 1957, causando graves consecuencias humanas y económicas. Se estima entre 3192 y 20.000 muertos, más de doscientas cincuenta mil personas sin hogar, y pérdidas económicas de ocho mil millones de dólares. Las tareas de rescate duraron hasta octubre, mientras que la remoción de escombros se extendió incluso hasta 1995. El terremoto reveló la falta de una cultura de protección civil en México; el Sistema Nacional de Protección Civil no existía y solo se creó un año después

El impacto del sismo fue duradero, sentando las bases para cambios urbanos significativos en la Ciudad de México. La capa de arcilla bajo la ciudad agravó los daños, concentrando la energía sísmica y causando estragos en estructuras inseguras. El terremoto marcó un hito en la historia del país al revelar las deficiencias en la preparación para desastres naturales, lo que llevó a la creación de nuevas instituciones y cambios legislativos para mejorar la protección civil y la seguridad constructiva.