Segunda República Federal

La Segunda República Federal es la denominación que recibe el segundo periodo constitucional de organización federalista en la historia de México. Designada formalmente como Estados Unidos Mexicanos hasta el año 1857 —fecha en la que adoptó el nombre de República Mexicana—, la restauración del sistema federal se oficializó el 22 de agosto de 1846. Esta medida fue implementada mediante un decreto expedido por el presidente interino José Mariano Salas, por el cual se restableció la vigencia de la Constitución de 1824 y se puso fin al régimen centralista previo.

El periodo de la Segunda República Federal, que se extendió por casi diecisiete años hasta su disolución el 10 de julio de 1863, representó una fase sumamente convulsa enmarcada en la etapa del México Independiente, junto con el Imperio Mexicano, la Primera República Federal y la República Centralista. Durante este tiempo, la nación enfrentó una profunda inestabilidad política interna, marcada por conflictos armados como la Guerra de Reforma, cambios en la estructura institucional, la dictadura de Antonio López de Santa Anna y modificaciones territoriales severas como la Venta de La Mesilla. Asimismo, el país se vio inmerso en dos intervenciones militares extranjeras: la etapa final de la invasión emprendida por los Estados Unidos y la incursión armada ejercida por Francia.

Contexto e instauración del régimen federal

El restablecimiento del federalismo ocurrió en un escenario crítico dominado por la invasión del ejército de los Estados Unidos a territorio nacional. Previamente, Mariano Paredes y Arrillaga había perpetrado un golpe de Estado contra el gobierno del presidente interino José Joaquín de Herrera. Posteriormente, el Congreso ratificó a Mariano Paredes y Arrillaga en la presidencia interina y nombró a Nicolás Bravo como vicepresidente. El 28 de julio de 1846, Mariano Paredes y Arrillaga cedió la titularidad del ejecutivo a Nicolás Bravo para asumir el mando directo de las tropas en el frente de guerra.

El 4 de agosto de 1846 triunfó una sublevación de corte federalista encabezada por José Mariano Salas y Valentín Gómez Farías, hecho que forzó la dimisión de Nicolás Bravo. José Mariano Salas asumió el mando ejecutivo con carácter provisional el 6 de agosto y, el 22 de agosto de 1846, decretó la restauración de la Constitución de 1824, formalizando la reintroducción del sistema federal y convocando a un proceso electoral.

Desarrollo y conclusión de la intervención estadounidense

La guerra entre México y los Estados Unidos inició de manera oficial tras las declaraciones emitidas por el Congreso de Estados Unidos el 13 de mayo de 1846 y por el gobierno mexicano el 23 de mayo del mismo año, aunque ya se habían producido enfrentamientos armados previos a dichas fechas. Tras el estallido formal de las hostilidades, tropas estadounidenses invadieron las entidades de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Alta California. De forma simultánea, las fuerzas enemigas ocuparon Santa Fe, San Diego y Los Ángeles, estableciendo además un bloqueo sobre diversos puertos estratégicos, entre los que figuraban Tampico, Carmen, Guaymas, Mazatlán y San Blas.

El avance de la columna militar principal de los Estados Unidos, comandada por Zachary Taylor, penetró desde el río Bravo hacia el interior de México y derrotó a las tropas al mando de Pedro Ampudia en la Batalla de Monterrey. Ante la emergencia de la guerra, el Congreso nombró el 24 de diciembre de 1846 a Antonio López de Santa Anna como presidente interino y a Valentín Gómez Farías como vicepresidente, quedando este último al frente del gobierno civil debido a que Antonio López de Santa Anna se desplazó al campo de batalla.

El curso de la conflagración incluyó enfrentamientos en la Batalla de la Angostura, la Batalla de Padierna, la Batalla de Churubusco y la Batalla de Molino del Rey. El asedio culminó con la caída del Castillo de Chapultepec, defensiva en la que participaron los cadetes recordados como los Niños Héroes y tras la cual cayeron prisioneros el general Mariano Monterde, director del Colegio Militar de México, y el general Nicolás Bravo. Este evento derivó en la ocupación de la Ciudad de México por las fuerzas invasoras y desencadenó la renuncia de Antonio López de Santa Anna a la presidencia el 16 de septiembre de 1847.

Conforme a las disposiciones legales, Manuel de la Peña y Peña, en su calidad de presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia del país y trasladó provisionalmente la sede de los poderes federales primero a Toluca y posteriormente a Querétaro, donde reunió al Congreso. El 11 de noviembre de 1847, Manuel de la Peña y Peña se separó del cargo ejecutivo para asumir la Cancillería con el fin de dirigir las negociaciones diplomáticas de paz, por lo que el Congreso designó al general Pedro María Anaya como presidente sustituto. Pedro María Anaya renunció el 8 de enero de 1848 tras negarse a ceder a las exigencias de anexión territorial planteadas por los Estados Unidos.

Manuel de la Peña y Peña retornó a la presidencia provisional para ultimar los acuerdos de paz. El 2 de febrero de 1848 se suscribió el Tratado de Guadalupe Hidalgo, instrumento legal mediante el cual México cedió 2 400 000 km² de su territorio a favor de los Estados Unidos. A través de las gestiones diplomáticas, la representación mexicana consiguió retener bajo soberanía nacional la Península de Baja California, su conexión terrestre con el estado de Sonora y el control geopolítico sobre el Istmo de Tehuantepec. Respecto a las severas críticas hacia el acuerdo, Manuel de la Peña y Peña defendió la ratificación argumentando que el tratado permitía recuperar las aduanas marítimas y los puertos, poner fin a las calamidades de la ocupación y preservar la existencia de la nación.

Los gobiernos constitucionales y la inestabilidad de 1848 a 1853

Posteriormente a la firma de los tratados, Manuel de la Peña y Peña organizó la celebración de comicios donde el Congreso eligió a José Joaquín de Herrera, quien juró el cargo de presidente constitucional el 3 de junio de 1848. Durante su administración, José Joaquín de Herrera destinó los recursos económicos de la indemnización de guerra otorgados por los Estados Unidos para saldar compromisos de la deuda externa, pacificar diversas regiones del país y regularizar los sueldos de la administración pública.

Bajo el mandato de José Joaquín de Herrera se logró la reanexión de la República de Yucatán, región que atravesaba por una crisis interna debido al estallido de la Guerra de Castas, conflicto que había impulsado al gobierno peninsular a ofrecer previamente su soberanía a la nación norteamericana. Asimismo, el ejecutivo promovió ante el Congreso la erección del estado de Guerrero, otorgó la concesión para la construcción de la primera línea ferrocarrilera del país —destinada a conectar la Ciudad de México con Veracruz— y autorizó la instalación del tendido telegráfico entre la capital y Puebla.

En las elecciones de 1850 participaron figuras como Manuel Gómez Pedraza, Nicolás Bravo y el general Juan Nepomuceno Almonte, resultando vencedor Mariano Arista. El 5 de enero de 1851, José Joaquín de Herrera realizó la transmisión del mando de manera pacífica y democrática, convirtiéndose en el segundo mandatario en la historia de México en culminar íntegramente su periodo legal, tras la gestión realizada en su momento por Guadalupe Victoria.

Durante su periodo de gobierno, Mariano Arista intentó sanear la quebrada hacienda pública e impulsar los sectores extractivo, agrícola e industrial. Su administración enfrentó reclamos de potencias extranjeras como el Reino Unido y los Estados Unidos vinculados a bonos financieros y licencias de infraestructura, al tiempo que sofocó múltiples alzamientos militares. En materia de comunicaciones, Mariano Arista inauguró la línea de telégrafo entre la capital y el puerto de Veracruz, al tiempo que ratificó la concesión ferroviaria para ese mismo trayecto.

La falta de liquidez presupuestaria desencadenó una rebelión armada orientada a reinstaurar en el poder a Antonio López de Santa Anna. Ante la negativa del Congreso de otorgarle facultades extraordinarias y la imposibilidad de combatir la revuelta sin tropas ni fondos, Mariano Arista dimitió el 5 de enero de 1853. En su carta de renuncia sugirió que Juan Bautista Ceballos, titular de la Suprema Corte, asumiera la conducción del país. El Congreso ratificó a Juan Bautista Ceballos como presidente interino, pero este optó por decretar la disolución de ambas cámaras legislativas al considerar que desde su seno se orquestaba el retorno de Antonio López de Santa Anna.

Los legisladores afectados promovieron un levantamiento de las tropas de la Ciudad de México, obligando a Juan Bautista Ceballos a dimitir el 7 de febrero de 1853. Un sector castrense nombró entonces a Manuel María Lombardini como mandatario interino. Este último estructuró un proceso electoral que derivó en el decreto del 17 de marzo, mediante el cual se declaró a Antonio López de Santa Anna como nuevo presidente. Antes de abandonar la magistratura el 20 de abril, Manuel María Lombardini nombró a Antonio López de Santa Anna como capitán general de mar y tierra, investido de facultades omnímodas.

La dictadura de Santa Anna y la Revolución de Ayutla

El 20 de abril de 1853, a la edad de 59 años, Antonio López de Santa Anna asumió la presidencia de la República Mexicana e inauguró una fase dictatorial. Dos días después proclamó las Bases para la Administración de la República, un ordenamiento legal de carácter autocrático que eliminó los mecanismos de contención institucionales sobre el poder ejecutivo y suspendió el funcionamiento de los congresos locales. El 21 de septiembre de 1853 se suprimió el estatus soberano de las entidades, que pasaron a denominarse nuevamente Departamentos.

Paralelamente, se decretó una reorganización en la geografía política mediante la creación de diversas demarcaciones administrativas:

• El 29 de mayo de 1853 se erigió el Territorio de Tehuantepec, fijando su capital en la localidad de Minatitlán.
• El 16 de octubre de 1853 se creó el Territorio de la Isla del Carmen.
• El 1 de diciembre de 1853 se dictó la conformación del Territorio de Sierra Gorda, con cabecera en San Luis de la Paz, y se anexó el Distrito de Tuxpan al Departamento de Veracruz.
• El 10 de diciembre de 1853 se convirtió el Distrito de Aguascalientes en departamento.
• El 16 de febrero de 1854 se definieron los límites correspondientes al Distrito de México, ratificando la demarcación del Distrito Federal.

En el transcurso de 1853, la administración dictatorial reglamentó el uso de la imprenta, restructuró el sistema tributario, promovió leyes de expropiación, dictó normas para penalizar la vagancia y decretó la restitución de la Compañía de Jesús, devolviéndole parte de sus antiguos bienes inmuebles con excepción de instalaciones como el Colegio de San Ildefonso y los inmuebles destinados al uso militar. El 16 de diciembre de 1853, Antonio López de Santa Anna promulgó un decreto que prorrogó sus facultades extraordinarias indefinidamente y le otorgó el tratamiento oficial de Su Alteza Serenísima.

En el ámbito territorial y financiero, el 30 de diciembre de 1853 se suscribió el Tratado de la Mesilla, mediante el cual el gobierno cedió a los Estados Unidos una franja de 76 845 km² perteneciente a los estados de Sonora y Chihuahua a cambio de diez millones de pesos, sufriendo la retención de diez millones adicionales respecto de los veinte pactados originalmente. A principios de 1854, el régimen impuso cargas impositivas extraordinarias, gravando la tenencia de puertas y ventanas el 9 de enero y la posesión de luces exteriores en las viviendas el 23 de febrero.

Las medidas impositivas y la cesión de territorio provocaron que el 1 de marzo de 1854 el general Florencio Villarreal proclamara el Plan de Ayutla, iniciando formalmente la Revolución de Ayutla. Para sofocar el movimiento, el gobierno decretó excepciones en las contribuciones urbanas, censuró la entrada de publicaciones críticas y fijó la pena capital para quienes conservaran copias del Plan de Ayutla. Antonio López de Santa Anna organizó un contingente de seis mil reclutas mediante leva obligatoria y marchó a combatir al estado de Guerrero.

Al enfrentarse a las fuerzas opositoras dirigidas por Ignacio Comonfort, el ejército gubernamental sufrió bajas masivas causadas por la deserción de los civiles reclutados forzosamente. Durante su repliegue hacia la Ciudad de México, las fuerzas de Antonio López de Santa Anna incendiaron diversas poblaciones que habían manifestado su adhesión al movimiento rebelde.

En materia de símbolos patrios, en 1853 se había convocado al concurso para la composición de la letra del «Himno a la Patria». El 15 de septiembre de 1854, en pleno desarrollo de las hostilidades militares, se interpretó por primera vez la música del Himno Nacional Mexicano en las instalaciones del Gran Teatro Nacional —conocido entonces como Teatro Santa Anna—. Al día siguiente, 16 de septiembre, Antonio López de Santa Anna asistió al estreno oficial acompañado por personalidades de la política nacional.

A pesar de las medidas de fuerza ejercidas contra la población, la Revolución de Ayutla sumó gradualmente el respaldo de los diversos estados durante 1855. El 12 de agosto de 1855, Antonio López de Santa Anna renunció a la presidencia y abandonó el país rumbo a Colombia.

En los años posteriores, el caudillo intentó infructuosamente reinsertarse en la vida pública mexicana. Ofreció sus servicios militares a Benito Juárez, a la representación de Francia y más tarde a Maximiliano I, siendo rechazado en cada oportunidad. Tras intentar ingresar al país durante la época del Segundo Imperio, fue arrestado en Veracruz y deportado. Posteriormente se estableció en Saint Thomas e intentó ingresar nuevamente tras el triunfo republicano, pero Benito Juárez le impidió desembarcar bajo amenaza de ejecución. Finalmente ingresó por la península de Yucatán, donde fue apresado el 30 de julio de 1867.

Sometido a un consejo de guerra en el Castillo de San Juan de Ulúa, se le impuso una pena de ocho años de exilio —sentencia que derivó en un encarcelamiento de seis meses para los jueces que la dictaron, al no haber aplicado la pena capital—. Antonio López de Santa Anna residió sucesivamente en Saint Thomas, Puerto Plata (República Dominicana) y Nasáu. Beneficiado por una amnistía promulgada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1873, retornó definitivamente a la Ciudad de México, donde falleció el 21 de junio de 1876 sin haber sido recibido en audiencia por el mandatario.

La Constitución de 1857

Tras el triunfo de la rebelión y el colapso de la dictadura, Martín Carrera asumió la presidencia interina el 15 de agosto de 1855 por designación de la guarnición capitalina. Ante la pronta renuncia de Martín Carrera, Rómulo Díaz de la Vega ejerció el mando ejecutivo de facto a partir del 12 de septiembre. Finalmente, el 4 de octubre de 1855, las fuerzas liberales nombraron a Juan N. Álvarez como presidente interino de la República.

La medida legislativa de mayor trascendencia del gobierno de Juan N. Álvarez fue la convocatoria a un Congreso Constituyente destinado a redactar un nuevo texto fundamental que reemplazara a la carta magna de 1824. Las sesiones del Congreso Constituyente de 1856 iniciaron el 18 de febrero de ese año, contando con la alocución inaugural del presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien había asumido la titularidad del ejecutivo el 11 de diciembre de 1855 en reemplazo de Juan N. Álvarez.

Los debates parlamentarios se concentraron en torno a la delimitación de los poderes públicos, la reestructuración del territorio, las garantías individuales y la libertad de cultos. En la asamblea se configuraron dos corrientes ideológicas:

• El bloque liberal, integrado por figuras como Valentín Gómez Farías, Santos Degollado y Melchor Ocampo, defensores de un esquema de libertades cívicas e igualdad jurídica.
• El bloque conservador, representado por diputados como Antonio Aguado, Mariano Arizcorreta y el gobernador de Durango, Marcelino Castañeda, partidarios de mantener las estructuras institucionales tradicionales heredadas del orden colonial.

El 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo jurada por el presidente interino Ignacio Comonfort y por el presidente de la asamblea legislativa, Valentín Gómez Farías. El texto legal se estructuró en 8 títulos y 128 artículos, reafirmando el modelo republicano, representativo y federal. La organización territorial quedó integrada por veintitrés estados, un territorio federal y el distrito federal.

Entre las disposiciones constitucionales más relevantes destacaban las siguientes:

• Abolición absoluta de la esclavitud.
• Consagración de la libertad de enseñanza.
• Garantía de libertad de vocación y prohibición de contratos que afectaran la libertad individual por motivos laborales, educativos o votos religiosos.
• Libertad de expresión y libertad de portación de armas.
• Supresión de fueros corporativos y tribunales especiales, institucionalizando la igualdad ante la ley en concordancia con la Ley Juárez.
• Prohibición de títulos de nobleza y abolición de penas de mutilación, azotes u otros tormentos.
• Restricción de la pena de muerte a supuestos excepcionales.
• Incapacidad legal para que corporaciones civiles o eclesiásticas adquieran o administren bienes raíces no destinados directamente a su culto u objeto institucional, alineándose con la Ley Lerdo.
• Fijación de los criterios de nacionalidad mexicana y de las obligaciones cívicas.
• Establecimiento del principio de que la soberanía emana del pueblo y estructuración de la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• Depósito del Poder Legislativo en una asamblea unicameral denominada Congreso de la Unión, eliminando la figura del Senado.
• Prohibición de aduanas internas y alcabalas entre las entidades federativas.
• Incorporación de un capítulo de garantías individuales y del juicio de amparo como mecanismo de protección jurisdiccional.

La Constitución de 1857 modificó la estructura jurídica del país al suprimir las prerrogativas del estamento militar y de la Iglesia católica. A pesar de que la asamblea no aprobó la libertad de cultos por la oposición conservadora, las jerarquías eclesiásticas rechazaron el código legal y amenazaron con excomulgar a los funcionarios que la juraran, polarizando el entorno político nacional.

La guerra de Reforma

El origen de la conflagración civil se remonta a la promulgación de las denominadas Leyes de Reforma. El 23 de noviembre de 1855, el presidente Juan N. Álvarez expidió la Ley Juárez (Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación), la cual abolió los fueros militar y eclesiástico. La Iglesia católica impugnó la norma y diversos prelados se negaron a someterse a ella sin la anuencia de la Santa Sede, desatando revueltas populares como las enmarcadas en el Plan de Sierra Gorda y el Plan de Zacapoaxtla.

El 27 de enero de 1856, el gobierno de Ignacio Comonfort promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil, mediante la cual el Estado asumió el control de los nacimientos, matrimonios y defunciones. El 23 de junio del mismo año se promulgó la Ley Lerdo (Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas), que obligó a la enajenación de inmuebles de dichas instituciones e incitó campañas de desobediencia civil por parte del clero.

El 11 de abril de 1857 se expidió la Ley Iglesias (Ley sobre derechos y obvenciones parroquiales), que prohibió el cobro obligatorio de servicios religiosos a los sectores desfavorecidos y eliminó la exigencia legal del diezmo. El 16 de septiembre de 1857 entró en vigor la carta magna y el 1 de diciembre se instaló el gobierno constitucional con Ignacio Comonfort al frente del Ejecutivo y Benito Juárez en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

Ante el rechazo social organizado por el clero y el ejército, Ignacio Comonfort busco modificar el texto constitucional. El general Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya el 17 de diciembre de 1857, exigiendo la derogación de la carta magna y el otorgamiento de facultades extraordinarias al mandatario. Ignacio Comonfort se adhirió a este levantamiento, efectuando un autogolpe de Estado que dio inicio a la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años.

Por disposición constitucional, el presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, asumió legalmente la presidencia interina desde el 18 de diciembre de 1857, aunque permaneció inicialmente arrestado en la capital junto con Isidoro Olvera, presidente del Congreso. El 11 de enero de 1858, Ignacio Comonfort disolvió la asamblea y liberó a Benito Juárez. Tras combatir fallidamente a los conservadores, Ignacio Comonfort fue desconociendo por las tropas de Félix Zuloaga y marchó al exilio tenías días después.

Benito Juárez reestableció el gobierno constitucional en Guanajuato el 19 de enero de 1858, recibiendo el respaldo de los estados adscritos al orden legal. Por su parte, la fracción conservadora nombró como presidente a Félix Zuloaga, quien estableció su sede en la Ciudad de México. Durante la contienda se configuraron dos administraciones paralelas:

• El bando conservador dispuso de las fuerzas del ejército regular y del apoyo financiero del clero en la capital.
• El bando liberal dependió de las milicias estatales y debió trasladar itinerantemente su sede administrativa.

El avance de las fuerzas conservadoras obligó a Benito Juárez a replegarse a Guadalajara en febrero de 1858 —donde sobrevivió a un atentado— y posteriormente a Colima. Con el fin de asegurar recursos, el gabinete constitucional se embarcó hacia Panamá para finalmente establecer la sede del gobierno republicano en el puerto de Veracruz. En este periodo, los Estados Unidos ofrecieron comprar la Península de Baja California a ambos bandos, oferta que fue declinada. El 28 de abril de 1859, la administración estadounidense otorgó el reconocimiento oficial al gobierno de Benito Juárez.

En julio de 1859, desde Veracruz, Benito Juárez promulgó los decretos complementarios a las Leyes de Reforma: la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. En el terreno militar, el mando conservador sufrió inestabilidad interna: Félix Zuloaga fue depuesto por Manuel Robles Pezuela mediante el Plan de Navidad, restituido en enero de 1859 y sustituido por Miguel Miramón en febrero del mismo año.

Para sostener el esfuerzo de guerra, la facción conservadora firmó en septiembre de 1859 el Tratado Mon-Almonte con España, obteniendo el reconocimiento diplomático de dicha nación. En respuesta, los liberales suscribieron en diciembre el Tratado McLane-Ocampo con los Estados Unidos, que concedía derechos de tránsito e intervención a cambio de cuatro millones de dólares. Aunque el Senado de los Estados Unidos no ratificó el tratado, el gobierno liberal recibió el adelanto de dos millones de dólares y apoyo naval para capturar la flota de Miguel Miramón frente a las costas de Veracruz.

El 4 de diciembre de 1860, Benito Juárez decretó la Ley sobre Libertad de Cultos. La campaña militar dio un giro favorable a los liberales tras las victorias obtenidas en las batallas de Peñuelas y Silao. El triunfo decisivo ocurrió en la Batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, donde las tropas liberales desarticularon al ejército conservador. El 1 de enero de 1861, las fuerzas constitucionales hicieron su entrada en la Ciudad de México, concluyendo formalmente la conflagración.

La intervención extranjera y el colapso de la República

A la conclusión de la contienda interna, Benito Juárez expulsó del país a los diplomáticos de España, Guatemala y Ecuador, así como al nuncio papal, al arzobispo de México y al obispo de Michoacán, por haber financiado al bando conservador. Remanentes conservadores convertidos en guerrillas al mando de Leonardo Márquez ejecutaron en junio de 1861 a los dirigentes liberales Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle.

Tras ganar los comicios convocados previamente, Benito Juárez asumió como presidente constitucional el 15 de julio de 1861. Ante la ruina del erario público, el gobierno decretó la suspensión temporal del pago de la deuda externa por dos años. Esta decisión motivó a Napoleón III, emperador de Francia, a convocar una reunión en Londres junto con el Reino Unido y España. El 31 de octubre de 1861, las tres potencias firmaron la Convención de Londres, acordando intervenir las aduanas marítimas mexicanas para cobrar sus créditos.

El 11 de diciembre de 1861, el Congreso de la Unión concedió facultades extraordinarias a Benito Juárez. Al arribar las escuadras europeas a Veracruz, el gobierno ordenó no combatir y entablar conversaciones diplomáticas dirigidas por el canciller Manuel Doblado. En febrero de 1862 se suscribieron los Tratados de la Soledad, mediante los cuales España y el Reino Unido aceptaron la moratoria de pagos y retiraron sus embarcaciones en abril de ese año.

Las fuerzas militares de Francia no reembarcaron y rompieron lo acordado, iniciando la marcha de ocupación impulsada por las aspiraciones coloniales de Napoleón III. El contexto geopolítico favoreció la incursión debido a que los Estados Unidos atravesaban la Guerra de Secesión, lo que les impidió aplicar la doctrina Monroe. Los invasores derrotaron a las tropas locales en la Batalla de Fortín y la Batalla de Las Cumbres en abril de 1862, mientras que elementos republicanos frenaron a los conservadores liderados por Leonardo Márquez en la Batalla de Atlixco el 4 de mayo.

El 5 de mayo de 1862 se libró la Batalla de Puebla, en la cual el ejército mexicano de 4 500 hombres comandado por Ignacio Zaragoza —con la participación de Porfirio Díaz— derrotó a las fuerzas compuestas por 6 500 efectivos galos dirigidos por Charles de Lorencez. La victoria contuvo temporalmente el avance enemigo y obligó a las tropas enemigas a aguardar refuerzos.

En 1863, los enfrentamientos continuaron en la Batalla de Barranca Seca y la Batalla de Cerro del Borrego. Tras el arribo de tropas suplementarias, la ciudad cayó tras el Sitio de Puebla el 17 de mayo de 1863. El 31 de mayo, Benito Juárez y sus ministros evacuaron la Ciudad de México para emprender un gobierno itinerante que se instalaría finalmente en Paso del Norte.

El 1 de junio de 1863, el comandante Bruno Martínez desconoció al gobierno federal y apoyó la ocupación militar de Francia, cediendo la autoridad al general Frédéric Forey. José Mariano Salas ejerció el mando de la capital del 1 al 10 de junio, fecha en que las tropas francesas ocuparon la ciudad. El 16 de junio, Frédéric Forey instauró una Junta Superior de Gobierno, la cual estableció un triunvirato ejecutivo integrado por Juan Nepomuceno Almonte, José Mariano Salas y Pelagio Antonio de Labastida —reemplazado temporalmente por Juan B. Ormachea—.

El 8 de julio de 1863 se constituyó una Asamblea de Notables integrada por 215 miembros que, unida a la Junta Superior de Gobierno, promulgó el 10 de julio un decreto que abolió la república, adoptó la monarquía moderada como sistema de gobierno e instauró el Segundo Imperio Mexicano, ofreciendo la corona a Maximiliano de Austria.

Presidentes de la Segunda República Federal

En el transcurso de los casi diecisiete años de vigencia del régimen federal, se registraron 18 periodos ejecutivos encabezados por 14 gobernantes. De este grupo, únicamente José Joaquín de Herrera concluyó la totalidad de su mandato legal. Los mandatarios con reconocimiento constitucional fueron José Joaquín de Herrera, Mariano Arista, Ignacio Comonfort y Benito Juárez.

La nómina de gobernantes y mandatarios de facto se estructuró de la siguiente forma:

• José Mariano Salas: Asumió como presidente provisional tras la restauración del federalismo y entregó el mando el 23 de diciembre de 1846.
• Valentín Gómez Farías: Ejerció la vicepresidencia en funciones del Ejecutivo hasta ser depuesto el 21 de marzo de 1847 tras el retorno de Antonio López de Santa Anna.
• Antonio López de Santa Anna: Gobernó brevemente en 1847 antes de ceder la responsabilidad del ejecutivo a Pedro María Anaya el 2 de abril.
• Pedro María Anaya: Ejerció en dos periodos interinos durante las fases críticas de la guerra de 1847 y 1848.
• Manuel de la Peña y Peña: Ocupó la presidencia en calidad de titular de la Suprema Corte en dos etapas entre 1847 y 1848, firmando la paz.
• José Joaquín de Herrera: Mandatario constitucional entre el 3 de junio de 1848 y el 5 de enero de 1851.
• Mariano Arista: Gobernó constitucionalmente desde el 5 de enero de 1851 hasta su renuncia el 5 de enero de 1853.
• Juan Bautista Ceballos: Asumió de forma interina el 6 de enero de 1853 y renunció el 7 de febrero.
• Manuel María Lombardini: Presidente de facto desde el 8 de febrero hasta el 20 de abril de 1853.
• Antonio López de Santa Anna: Dictador con facultades extraordinarias del 20 de abril de 1853 al 12 de agosto de 1855.
• Martín Carrera: Presidente interino del 15 de agosto al 12 de septiembre de 1855.
• Rómulo Díaz de la Vega: Mandatario de facto del 12 de septiembre al 3 de octubre de 1855.
• Juan N. Álvarez: Presidente interino desde el 4 de octubre hasta el 11 de diciembre de 1855.
• Ignacio Comonfort: Ejerció como interino desde el 11 de diciembre de 1855 y como constitucional desde el 1 de diciembre de 1857 hasta su deposición.
• Benito Juárez: Presidente constitucional desde el 18 de diciembre de 1857, encabezando la resistencia legal de la República.

De forma paralela, la facción conservadora opuesta a la Constitución de 1857 erigió mandatarios amparados en el Plan de Tacubaya:

• Félix María Zuloaga: Reconocido por el bloque conservador del 11 de enero al 24 de diciembre de 1858, y nuevamente en periodos de 1859 y de 1860 a 1862.
• Manuel Robles Pezuela: Asumió el mando mediante el Plan de Navidad entre diciembre de 1858 y enero de 1859.
• Miguel Miramón: Ejerció la presidencia conservadora en dos periodos entre 1859 y 1860.
• José Ignacio Pavón: Desempeñó la titularidad del mando durante dos días en agosto de 1860.

Posteriormente, la administración de la capital quedó bajo la dirección del Triunvirato Ejecutivo, conformado por Juan Nepomuceno Almonte, José Mariano Salas y Pelagio Antonio de Labastida (con Juan B. Ormachea de sustituto), organismo que gobernó del 24 de junio al 10 de julio de 1863 antes de constituirse en la Regencia del Imperio.

Organización territorial y división político-administrativa

Al momento de la restauración del régimen federalista en 1846, la división política recuperó la base territorial previa. No obstante, el mapa nacional experimentó reconfiguraciones drásticas derivadas de los tratados internacionales y las guerras internas:

• Yucatán: Se reintegró de forma definitiva al pacto federal el 17 de agosto de 1848.
• Chihuahua y Sonora: Redujeron su superficie geográfica como consecuencia de la Venta de La Mesilla concretada en diciembre de 1853.

Con la promulgación de la Constitución de 1857, el territorio nacional quedó integrado por 23 estados, un territorio federal y el distrito federal. En este código se ratificó la fusión de Coahuila con Nuevo León. Las entidades precursoras instituidas desde 1824 eran México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Chiapas y Sinaloa.

A esta estructura se agregaron nuevas entidades soberanas:

• Guerrero: Creado e ingresado el 27 de octubre de 1849, instalando su congreso el 30 de enero de 1850.
• Tlaxcala: Admitido como estado el 9 de diciembre de 1856, instalando su legislatura el 1 de junio de 1857.
• Colima: Admitido como estado el 9 de diciembre de 1856, instalando su congreso el 19 de julio de 1857.
• Aguascalientes: Elevado al estatus de estado el 5 de febrero de 1857.

El único territorio bajo administración directa del gobierno federal fue Baja California, en tanto que el Distrito Federal fue catalogado provisionalmente bajo la denominación de Estado del Valle de México en el supuesto de que los poderes de la Unión se trasladasen fuera de su jurisdicción. Modificaciones posteriores incluyeron la erección constitucional del estado de Campeche el 29 de abril de 1863 y la separación definitiva de Nuevo León respecto de Coahuila el 26 de febrero de 1864, recuperando su condición de entidad soberana.

Resumen

La Segunda República Federal representa el periodo institucional comprendido entre el 22 de agosto de 1846 y el 10 de julio de 1863. Iniciado con la restauración de la Constitución de 1824 bajo el mandato interino de José Mariano Salas, el régimen debió afrontar de inmediato las fases más severas de la guerra con los Estados Unidos, conflicto que culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

A la breve etapa de estabilidad encabezada por la administración de José Joaquín de Herrera le sucedió la inestabilidad de la presidencia de Mariano Arista y el posterior establecimiento de la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1853. La autocracia santanista, caracterizada por la venta de La Mesilla y la imposición de graves tributos, fue derrocada por la Revolución de Ayutla. Este movimiento dio paso a la promulgación de la Constitución de 1857, cuya orientación liberal provocó la Guerra de Reforma entre las facciones liberal y conservadora, configurando un periodo de presidencias paralelas entre Benito Juárez y los mandatarios conservadores como Félix María Zuloaga y Miguel Miramón.

Tras la victoria liberal en 1860, la suspensión de pagos de la deuda externa decretada por Benito Juárez motivó la intervención tripartita europea concertada en la Convención de Londres. Aunque la Batalla de Puebla representó un triunfo militar defensivo para México, las tropas invasoras de Francia terminaron por tomar la Ciudad de México en 1863. La alianza entre las fuerzas de ocupación y los conservadores derrocó el orden republicano e instauró el Segundo Imperio Mexicano, poniendo fin al periodo federalista.