Gobierno provisional de México

El Supremo Poder Ejecutivo, denominado formalmente como Supremo Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana, constituyó el gobierno provisional que asumió la jefatura de Estado y de gobierno en México entre el 31 de marzo de 1823 y el 10 de octubre de 1824. Este órgano colegiado fue decretado por el Congreso Constituyente tras el colapso del Primer Imperio Mexicano y la abdicación de Agustín de Iturbide (quien había reinado bajo el nombre de Agustín I), funcionando como la institución de transición que administró el país durante el proceso de configuración republicana hasta el inicio de la presidencia de Guadalupe Victoria y la consecuente instauración de la Primera República Federal.

La creación de este gobierno provisional respondió a la necesidad urgente de cubrir el vacío institucional dejado por la monarquía derrotada mediante el Plan de Casa Mata. Organizado bajo la estructura de un triunvirato, la corporación recibió de forma institucional el tratamiento honorífico de "Alteza", mientras que cada uno de sus integrantes era distinguido individualmente con el título de "Excelencia". Para garantizar la división de poderes, el Congreso estableció explícitamente que los miembros del Ejecutivo tenían estrictamente prohibido formar parte del cuerpo legislativo.

Antecedentes e instauración del gobierno provisional

La caída del régimen imperialista tuvo sus orígenes inmediatos en la insurrección promovida por el Plan de Casa Mata, movimiento armado que derivó en la disolución del Primer Imperio Mexicano y la posterior renuncia al trono de Agustín de Iturbide el 19 de marzo de 1823. Debido a que las estipulaciones del Plan de Iguala no contemplaban el diseño administrativo ni la articulación de un gobierno central en caso de vacancia, limitándose únicamente a convocar a la instalación de una nueva asamblea legislativa, la nación se adentró en un periodo caracterizado por la confusión institucional y la fragmentación política.

Frente a esta coyuntura, las representaciones de las diversas provincias que se habían sumado a la rebelión entablaron negociaciones informales con el propósito de dar cauce a la articulación de un poder central provisional. De manera paralela, las administraciones locales comenzaron a organizarse de forma autónoma. Entidades como la provincia de Michoacán, la provincia de Guanajuato, la provincia de Querétaro, la provincia de San Luis Potosí y algunas de las Provincias Interiores Orientales promovieron iniciativas para celebrar una magna reunión en donde se debatiera la forma de gobierno que debía estructurar al país.

El Primer Congreso Constituyente se declaró formalmente instalado en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1823. Su legitimidad estuvo respaldada por las diputaciones provinciales —cada una encabezada en el ámbito local por un jefe político y un intendente—, las cuales condicionaron su apoyo a que el cuerpo parlamentario emitiera una nueva convocatoria para elegir un nuevo Congreso conforme a las directrices fijadas en el Plan de Casa Mata. El 31 de marzo, la asamblea emitió tres decretos de trascendencia política fundamental:

• El primer decreto dejó formalmente sin efectos al Poder Ejecutivo previo (la figura del Emperador), el cual venía operando legalmente desde el 19 de mayo de 1822 tras ser instituido por la Regencia.
• El segundo decreto instituyó un cuerpo colegiado de carácter gubernamental denominado Supremo Poder Ejecutivo, compuesto por tres integrantes que se alternarían de forma rotativa en la presidencia del órgano.
• El tercer decreto formalizó los nombres de los militares designados por el pleno del Congreso para integrar el triunvirato: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete.

Como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria no estaban en la capital al momento de la elección, el 1 de abril de 1823 el Congreso nombró como suplentes a José Mariano Michelena y José Miguel Domínguez para que asumieran de forma inmediata las funciones ejecutivas junto a Pedro Celestino Negrete. Poco tiempo después, se añadió a Vicente Guerrero como un tercer miembro suplente. En el ámbito ministerial, se encomendó a José Ignacio García Illueca la gestión como ministro único a cargo de la totalidad de las secretarías de Estado.

Gestiones administrativas, decretos y medidas institucionales

Una vez restablecido el Congreso el 7 de marzo de 1823 por disposición previa del propio monarca antes de su caída, los legisladores volcaron su atención a resolver la condición jurídica de la renuncia de Agustín de Iturbide, tema debatido el 8 de abril. La asamblea declaró nula la coronación imperial, anuló los derechos de sucesión hereditaria y desconoció los títulos nobiliarios concedidos durante el imperio por considerarlos actos ilegales. Asimismo, el parlamento instruyó al Supremo Poder Ejecutivo para que apresurara la salida del exmonarca del territorio nacional, asignándole una pensión anual de 25 000 pesos con la condición estricta de fijar su residencia en Italia. A pesar de los intensos debates y de que irónicamente la existencia del propio Congreso derivaba de ellos, los Tratados de Córdoba y el Plan de Iguala fueron declarados insubsistentes.

El exilio de Agustín de Iturbide se consumó el 11 de mayo de 1823 cuando zarpó desde el puerto de La Antigua a bordo de la fragata mercante inglesa Rowllins con destino al continente europeo. Su traslado estuvo escoltado por Nicolás Bravo y la logística de embarque fue supervisada de forma directa por Guadalupe Victoria. Con el retorno de Nicolás Bravo a la Ciudad de México, el Supremo Poder Ejecutivo reestructuró las secretarías designando a Lucas Alamán en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a Francisco Arrillaga en el Ministerio de Hacienda, a Pedro de la Llave en el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, y ratificando a José Ignacio García Illueca en el Ministerio de Guerra.

Durante su mandato, la administración provisional impulsó transformaciones profundas orientadas a desmantelar los vestigios del régimen imperial y reordenar las finanzas e instituciones del Estado:

• Se disolvieron las capitanías generales impuestas por la monarquía, reemplazándolas por la estructura de las comandancias militares.
• Se otorgó la amnistía y libertad a los presos políticos del régimen anterior.
• Se canceló la emisión de papel moneda promovida en su momento por la Junta Nacional Instituyente.
• Se convocó al diplomático Miguel Santa María —quien había apoyado el Plan de Veracruz— para que retomara sus funciones oficiales como ministro plenipotenciario ante la Gran Colombia.
• Se declaró la nulidad de las designaciones relativas a los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y, el 23 de junio de 1823, se estructuró provisionalmente la planta del Tribunal Supremo de Justicia dividida en tres salas.
• Se removió la corona imperial del escudo nacional y, a pesar de la propuesta planteada por Servando Teresa de Mier para adoptar los colores blanco y azul en memoria de la gesta insurgente y de los estandartes atribuibles a Moctezuma, se acordó conservar el pabellón tricolor verde, blanco y rojo.

Para paliar el déficit hacendario, la administración comercializó a bajo costo las existencias estatales de tabaco, enajenó las temporalidades administradas previamente por los jesuitas, así como las propiedades de la Inquisición y de las órdenes hospitalarias. No obstante, ante la escasez de liquidez, el gobierno tuvo que contratar préstamos internacionales con firmas británicas, contrayendo compromisos financieros con la casa Staples y un empréstito con la casa Manning y Marshall, representante en la capital de la firma Barclay, Herring, Richardson y Compañía de Londres.

En el plano político e ideológico, el 16 de mayo de 1823 Vicente Guerrero lanzó desde San Agustín de las Cuevas un manifiesto a la ciudadanía ratificando su postura antimperialista y haciendo un llamado a la unidad nacional. Poco después, la vacancia dejada por Guadalupe Victoria permitió la incorporación oficial de Vicente Guerrero como titular suplente del Ejecutivo, al tiempo que el 21 de mayo se emitió formalmente la convocatoria para constituir las nuevas elecciones parlamentarias.

El 19 de julio de 1823, el Congreso emitió un decreto mediante el cual reconoció los aportes de los combatientes de la primera etapa libertadora, declarando beneméritos en grado heroico a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Xavier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Se dispuso la inscripción de sus nombres con letras de oro en el estrado del recinto legislativo, se ordenó la edificación de monumentos conmemorativos en los parajes donde fueron ajusticiados y se trasladaron sus restos mortales a la Catedral de México en una ceremonia efectuada el 16 de septiembre de 1823. Posteriormente, el 29 de agosto, los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero fueron elevados a la condición de beneméritos de la patria, honor conferido igualmente el 11 de septiembre a Benedicto López, otorgándole además una pensión a su viuda. En el ámbito internacional, el 3 de octubre de 1823 se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre la Gran Colombia y la nación mexicana.

Conflictos regionales, insurrecciones y la separación de Centroamérica

El intervalo de transición administrado por el Supremo Poder Ejecutivo estuvo marcado por la inestabilidad política, el brote de asonadas militares y tendencias separatistas en las provincias, alimentadas tanto por sectores iturbidistas como por bloques autonomistas que rechazaban la autoridad del gobierno central. La primera de estas movilizaciones fue la expedición del brigadier Antonio López de Santa Anna hacia San Luis Potosí, donde se proclamó "protector" de la federación y de la soberanía de los pueblos. Aunque la falta de respaldo lo forzó a disolver su movimiento y fue aprehendido para ser juzgado en la Ciudad de México, no recibió sanción alguna y más tarde fue investido como comandante militar de la provincia de Yucatán.

En el territorio de las provincias centroamericanas, el general Vicente Filisola fue instado por José Antonio de Echávarri a secundar el Plan de Casa Mata y por Nicolás Bravo a integrarse a la república mexicana. No obstante, Vicente Filisola convocó un congreso local en la Ciudad de Guatemala el 29 de marzo de 1823. El 24 de junio, la asamblea guatemalteca proclamó su independencia absoluta respecto de México y el 1 de julio formalizó la creación de las Provincias Unidas del Centro de América, decidiendo únicamente la provincia de Chiapas mantenerse federada a la nación mexicana. Por su parte, en el extremo septentrional, el gobernador de Texas, José Félix Trespalacios, encabezó una sublevación armada de corte iturbidista con el auxilio de contingentes comanches, pero fue neutralizado y depuesto por Luciano García.

El descontento se manifestó severamente en la provincia de Guadalajara, alcanzando un punto crítico el 12 de mayo de 1823 cuando estallaron tumultos populares que enfrentaron a las facciones imperialistas y republicanas. Controlada la revuelta, la diputación provincial amplió su número de representantes, se erigió en la máxima autoridad de la región y desconoció abiertamente las órdenes emitidas por el Congreso y por el Supremo Poder Ejecutivo, instando a otras dependencias a formar una confederación. Dinámicas similares se presentaron en la provincia de Querétaro, mientras que la provincia de Yucatán asumió posturas propias de un estado soberano e independiente, y en el norte, el obispo de Sonora, fray Bernardo del Espíritu Santo, condenó la validez del Plan de Casa Mata.

Ante la resistencia militar de la provincia de Guadalajara, el gobierno central despachó una expedición armada bajo las órdenes de Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, logrando la pacificación de la zona y la subordinación de sus autoridades; a raíz de este evento, el territorio de Colima resolvió escindirse de la jurisdicción de Guadalajara. Paralelamente, la provincia de Oaxaca desconoció la convocatoria del Congreso, constituyó su propio cuerpo legislativo provincial y proclamó la independencia local con el respaldo financiero del gremio de comerciantes, obligando al Ejecutivo a movilizar tropas para sofocar el movimiento.

Las tensiones se agravaron con las maniobras de la diplomacia española. Los comisionados Juan Ramón de Osés, Santiago Irisarri y Blas Osés intentaron negociar un tratado de paz, amistad y comercio con Guadalupe Victoria. Sin embargo, el jefe militar español Francisco Leamur, acantonado en la fortaleza de San Juan de Ulúa, abrió fuego de artillería contra el puerto de Veracruz. El ataque rompió la negociación y motivó el retorno de los delegados al fuerte, que se mantuvo como el último reducto realista en el país hasta su capitulación definitiva en 1825. Ante la hostilidad del reducto español, el Ejecutivo ordenó desviar las operaciones comerciales marítimas hacia Alvarado y Tampico, imponiendo un bloqueo militar sobre la fortaleza.

Hacia septiembre de 1823 se produjeron nuevos alzamientos. En San Miguel el Grande se registró un amotinamiento azuzado por incursiones de partidas armadas lideradas por el francés Octavien D’Alvimar, quien promovía la restauración de Agustín de Iturbide. De forma simultánea, en la provincia de San Luis Potosí, el general Márquez encabezó una rebelión para derrocar al Supremo Poder Ejecutivo y colocar en su lugar una junta integrada por José Gabriel de Armijo, Zenón Fernández y F. Noriega, insurrección que fue sofocada por el gobierno.

Los levantamientos se prolongaron durante el cierre de dicho año. En el sur, la región de Tierra Caliente se levantó en armas bajo el impulso del hijo del hacendado Gabriel de Yermo, mientras que en la zona oriental se desarrolló la insurrección liderada por Vicente Gómez, quien bautizó a su contingente como la Santa Liga proclamándose defensor de la causa imperial. En diciembre de 1823, un sargento español encabezó una rebelión en Querétaro, encarcelando al gobernador militar José Joaquín Calvo; el movimiento fue disuelto mediante la intervención directa de Nicolás Bravo desde Celaya. Asimismo, la provincia de Puebla erigió una junta de gobierno no autorizada integrada por José María Calderón y Manuel Posada y Garduño, obligando a la intervención de un ejército de 800 hombres al mando de Manuel Gómez Pedraza para restablecer el orden institucional.

Definición de la forma de gobierno y la Constitución de 1824

El 30 de octubre de 1823 culminaron las sesiones del Primer Congreso Constituyente, encontrándose José Mariano Michelena al frente del Ejecutivo y Francisco Manuel Sánchez Tagle presidiendo la junta parlamentaria. El 7 de noviembre se instaló el nuevo Congreso Constituyente, oportunidad en la que José Miguel Domínguez expuso la memoria de los cuatro ministerios de Estado sobre la gestión gubernamental del Supremo Poder Ejecutivo, discurso contestado por el presidente de la cámara, José Miguel Guridi y Alcocer.

Ante el clima de agitación provincial, el 14 de noviembre de 1823 el ministro Pedro de la Llave urgió al legislativo a definir de inmediato el sistema de gobierno nacional para contrapesar las rebeliones locales. El diputado Miguel Ramos Arizpe, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, prometió presentar un borrador marco en un plazo de tres días. El 22 de noviembre se presentó el proyecto del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, documento fundamental aprobada formalmente tras diversos debates el 31 de enero de 1824, institucionalizando el modelo republicano y federal.

El proyecto de la carta magna definitiva se introdujo al pleno el 1 de abril de 1824. Tras intensos debates, el texto fue sancionado el 3 de octubre y promulgado formalmente el 4 de octubre de 1824 bajo el nombre oficial de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiendo de cerca el modelo institucional de los Estados Unidos, el nuevo texto constitucional estableció una república representativa, popular y federal. La organización territorial de la nación quedó compuesta por 19 estados, 5 territorios y un Distrito Federal.

Con la aprobación del texto legal, el Supremo Poder Ejecutivo organizó la transición hacia el nuevo orden constitucional. El mandato provisional concluyó el 10 de octubre de 1824, fecha en que Guadalupe Victoria prestó juramento como el primer presidente constitucional del país y Nicolás Bravo asumió la vicepresidencia, inaugurando formalmente el periodo de la Primera República Federal.

Dinámica de la Presidencia del Supremo Poder Ejecutivo

El Congreso dictaminó que la presidencia del Supremo Poder Ejecutivo debía alternarse mensualmente entre sus miembros titulares, siguiendo rigurosamente el orden de sus nombramientos. Sin embargo, la constante ausencia de los titulares debido a comisiones militares y misiones en las provincias provocó que el órgano fuera administrado predominantemente por los suplentes. De hecho, durante un lapso ininterrumpido de nueve meses —comprendido entre julio de 1823 y marzo de 1824— la jefatura del país fue ejercida de forma exclusiva por el cuerpo de suplentes compuesto por José Mariano Michelena, José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.

La rotación de la presidencia en funciones y la integración del Supremo Poder Ejecutivo se desarrolló según la siguiente cronología oficial:

• En abril de 1823 la presidencia en funciones fue ejercida por Pedro Celestino Negrete, participando José Mariano Michelena y José Miguel Domínguez en calidad de suplentes. Pedro Celestino Negrete había tomado posesión el 31 de marzo, mientras que los suplentes lo hicieron el 1 de abril.
• En mayo de 1823 asumió la presidencia en funciones José Mariano Michelena, acompañado por José Miguel Domínguez (suplente) y Pedro Celestino Negrete.
• En junio de 1823 la presidencia recayó en Nicolás Bravo, integrando el cuerpo Pedro Celestino Negrete y José Mariano Michelena (suplente).
• En julio de 1823 la presidencia fue asumida por José Mariano Michelena, conformado el triunvirato únicamente por suplentes junto a José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.
• En agosto de 1823 la presidencia correspondió a José Miguel Domínguez, con la participación de los suplentes Vicente Guerrero y José Mariano Michelena.
• En septiembre de 1823 ocupó la presidencia Vicente Guerrero, integrando el órgano los suplentes José Mariano Michelena y José Miguel Domínguez.
• En octubre de 1823 volvió a la presidencia José Mariano Michelena, constituido el Ejecutivo por los suplentes José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.
• En noviembre de 1823 la presidencia fue asumida por José Miguel Domínguez, junto a los suplentes Vicente Guerrero y José Mariano Michelena.
• Del 1 al 8 de diciembre de 1823 ejerció la presidencia Vicente Guerrero, acompañado por los suplentes José Mariano Michelena y José Miguel Domínguez.
• Del 8 al 31 de diciembre de 1823 la presidencia fue desempeñada por José Miguel Domínguez, figurando los suplentes José Mariano Michelena y Vicente Guerrero.
• En enero de 1824 ocupó la presidencia José Mariano Michelena, integrado el grupo por los suplentes José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.
• En febrero de 1824 asumió la presidencia José Miguel Domínguez, con el respaldo de los suplentes Vicente Guerrero y José Mariano Michelena.
• En marzo de 1824 la presidencia recayó en Vicente Guerrero, junto con los suplentes José Mariano Michelena y José Miguel Domínguez.
• En abril de 1824 asumió la presidencia el titular Nicolás Bravo, con la presencia de José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero en calidad de suplentes.
• En mayo de 1824 la presidencia fue ejercida por José Miguel Domínguez, acompañado por el suplente Vicente Guerrero y el titular Nicolás Bravo.
• En junio de 1824 ocupó la presidencia Vicente Guerrero, integrando el consejo Nicolás Bravo y el suplente José Miguel Domínguez.
• En julio de 1824 ejerció la presidencia Guadalupe Victoria, acompañado por Nicolás Bravo y el suplente José Miguel Domínguez.
• En agosto de 1824 la presidencia correspondió a Nicolás Bravo, conformado el grupo por Guadalupe Victoria y el suplente José Miguel Domínguez.
• En septiembre de 1824 la presidencia recayó en José Miguel Domínguez, integrado por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo.
• En octubre de 1824 la presidencia estuvo a cargo de Guadalupe Victoria, acompañado por Nicolás Bravo y el suplente José Miguel Domínguez, gestión que concluyó el 10 de octubre al asumir Guadalupe Victoria la presidencia constitucional y Nicolás Bravo la vicepresidencia.

Resumen

El Supremo Poder Ejecutivo fue la institución colegiada que gobernó provisionalmente a México entre el 31 de marzo de 1823 y el 10 de octubre de 1824, tras la disolución del Primer Imperio Mexicano y la renuncia de Agustín de Iturbide impuesta por el Plan de Casa Mata. Conformado originalmente por un triunvirato titular integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, el órgano requirió de la adición de miembros suplentes como José Mariano Michelena, José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero, quienes ejercieron la titularidad del gobierno durante la mayor parte del periodo debido a las ausencias de los titulares.

A lo largo de su año y medio de gestión, la administración provisional desmanteló el marco institucional de la monarquía, expulsó a Agustín de Iturbide al exilio y dictó medidas para reorganizar la hacienda pública a través de la venta de bienes estancados y préstamos con casas británicas como Staples y Manning y Marshall. Asimismo, declaró beneméritos de la patria a los próceres de la independencia, reestructuró el poder judicial e hizo frente a un contexto de inestabilidad jalonado por la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América y rebeliones armadas en provincias como Guadalajara, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

El mayor logro histórico del Supremo Poder Ejecutivo consistió en servir de puente institucional para el establecimiento del orden republicano. Durante su mandato se convocó al Congreso Constituyente que redactó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana e instauro la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La labor del triunvirato concluyó formalmente el 10 de octubre de 1824 con la toma de protesta de Guadalupe Victoria como primer presidente constitucional del país, dando inicio a la Primera República Federal.