Matanza de Acteal

La matanza de Acteal fue un trágico evento que sacudió a México, ocurriendo el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, dentro del municipio de Chenalhó, ubicado en los Altos de Chiapas. Este crimen atroz dejó un saldo de 45 muertos, incluidas mujeres embarazadas y niños, y marcó una página oscura en el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El artículo se centra en la matanza de Acteal, su contexto histórico y sus consecuencias posteriores. Se abordarán los antecedentes del grupo Las Abejas, la ofensiva militar contra las comunidades indígenas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, así como los detalles de la masacre en sí misma y las investigaciones judiciales que se llevaron a cabo posteriormente.

Antecedentes

La Sociedad Civil Las Abejas se formó en 1992 tras la detención y encarcelamiento de cinco indígenas tsotsiles originarios de la comunidad de Chenalhó. Estos individuos fueron acusados de participar en el asesinato del líder comunitario Vicente Gutiérrez Hernández, las lesiones a sus hermanos Nicolás y Lorenzo, así como la violación de las esposas de ambos. Ante esta situación, la comunidad protestó y de esta movilización se conformó el grupo Las Abejas.

En 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Las Abejas decidió no unirse al movimiento zapatista. Aunque compartían ciertos planteamientos con la organización, estaban en desacuerdo con su uso de las armas. Este conflicto ideológico les llevó a tomar una postura independiente.

Posteriormente, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1995 comenzó una ofensiva militar contra los civiles en Chiapas con el objetivo de prevenir que se unieran al EZLN. Esta acción fue ejecutada por el ejército y la Fuerza de Tarea Arcoíris, comandados por el general Mario Renán Castillo. En este contexto, paralelamente a las acciones militares, existían bases para la negociación, avaladas por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la en Chiapas.

Como señala el cronista Hermann Belinghausen, los orígenes directos del ataque de Acteal pueden atribuirse a los intentos de Ernesto Zedillo por acabar con el EZLN y las violaciones a los acuerdos de San Andrés, lo que acrecentó las acciones tomadas tanto por el EZLN como por el ejército mexicano.

Esta formación del grupo Las Abejas y la situación política previa al ataque sentaron las bases para el conflicto posterior.

Relación de los hechos

El de diciembre de en el municipio de Chenalhó Chiapas ocurrió un ataque paramilitar que resultó en la muerte de indígenas tsotsiles Estos individuos miembros del grupo comunitario Las Abejas fueron asesinados mientras rezaban en una pequeña iglesia cristiana protestante de Acteal La operación se extendió durante siete horas y fue llevada a cabo por alrededor de paramilitares

Según testimonios, los atacantes entraron a la iglesia sin previo aviso y masacraron a las personas presentes, incluyendo niños, mujeres embarazadas y hombres. Las mujeres fueron ultrajadas antes de ser asesinadas. El crimen se produjo en un contexto de tensión entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, con acciones militares del ejército mexicano y la Fuerza de Tarea Arcoíris contra civiles que no se unían al movimiento zapatista.

El obispo Samuel Ruiz afirmó que era necesario una investigación exhaustiva sobre los instigadores de la masacre. Según fuentes periodísticas, entre los supuestos participantes estaban ocho ex oficiales de seguridad pública condenados a penas de tres años y puestas en libertad después del juicio.

Las acciones paramilitares no fueron aisladas; en Chiapas operaban más de diez grupos armados al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el estado durante 71 años. Estos grupos, vinculados al PRI, se consideran responsables directos de la matanza.

Juicio de amparo de los detenidos por la masacre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo en julio de 2007 un juicio de amparo promovido por 12 indígenas presos, argumentando faltas en el proceso judicial. El 20 de abril de 2009, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil "Las Abejas" alertaron sobre la posibilidad de que la SCJN liberara a los acusados.

Finalmente, el 12 de agosto de 2009, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte amparó y ordenó la liberación inmediata de 26 indígenas culpados de la matanza. Argumentaron que la Procuraduría General de la República fabricó evidencia para inculpar a los detenidos, y encontraron irregularidades en algunos procesos judiciales.

En noviembre del mismo año, la Primera Sala amparó a otros nueve implicados, declarando violadas sus garantías constitucionales. En total, hasta principios de 2012, la SCJN ordenó la liberación de 36 personas acusadas y sentenciadas por el caso Acteal.

Responsabilidades del Estado Mexicano

A través de un telegrama enviado a Washington en mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de EE. UU. en México informó sobre el "apoyo directo" del Ejército Mexicano a grupos armados en las zonas altas de Chiapas, donde se produjeron los homicidios. El documento describió una red clandestina de equipos de inteligencia humana creada con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas para recabar información sobre simpatizantes zapatistas y promover grupos armados "anti-zapatistas".

El 2 de marzo de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por diversas organizaciones contra el gobierno mexicano. Esta denuncia buscaba responsabilizar al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este período.

Juicio de amparo de los detenidos por la masacre En julio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el juicio de amparo promovido por doce indígenas presos, quienes argumentaban que existían faltas en el proceso judicial. Este procedimiento se inició tras hallazgos que indicaban la fabricación de evidencias y irregularidades en algunos procesos judiciales.

El 20 de abril de 2009, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas alertaron sobre la posibilidad de que la SCJN liberara a los acusados. Según Pablo Romo, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y ex sacerdote católico de San Cristóbal de Las Casas, la SCJN estaba preparándose para amparar a los acusados debido a una supuesta deuda con ellos.

Finalmente, el 12 de agosto de 2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó la liberación inmediata de veintiséis indígenas que fueron culpados de la matanza de Acteal. La corte argumentó que la Procuraduría General de la República había fabricado evidencia para inculpar a los detenidos, además de encontrar irregularidades en algunos procesos judiciales.

De estos veintiséis indígenas, veinte fueron liberados de manera inmediata y en seis casos se ordenó la reposición del procedimiento para dictar una nueva sentencia. Más tarde, en noviembre del mismo año, nueve implicados adicionales obtuvieron amparo y libertad inmediata, argumentando que sus garantías constitucionales de debido proceso fueron violadas.

El 2 de febrero de 2012, la SCJN ordenó la excarcelación inmediata de siete indígenas adicionales, quienes solicitaron reconocer su inocencia basándose en el dictamen de 2009. Según este dictamen, la resolución en su contra se basaba en declaraciones de testigos y un álbum fotográfico que la corte determinó como ilícitos, lo que anuló su valor probatorio.

En total, hasta principios de 2012, la Suprema Corte ha ordenado la liberación, en tres casos distintos, de treinta y seis personas acusadas y sentenciadas por el caso Acteal.

Responsabilidades del Estado Mexicano En los primeros meses de 1999, a través de un telegrama enviado al Departamento de Unidos (DIA), la Oficina del Agregado de Defensa en México informó sobre el apoyo directo que el Ejército Mexicano prestaba a grupos armados en las regiones altas de Chiapas. Este informe, emitido el 4 de mayo de 1999, detallaba la participación del ejército en la formación y mantenimiento de estas organizaciones paramilitares, con el fin de combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según el telegrama, estos grupos armados operaban bajo la supervisión directa del ejército y contaban con recursos y entrenamiento para actuar contra simpatizantes zapatistas.

El documento también mencionaba una red clandestina de "equipos de inteligencia humana" creada a mediados de 1994, con el respaldo explícito del entonces presidente Carlos Salinas. Este sistema de inteligencia operaba dentro de las comunidades indígenas para recabar información sobre simpatizantes zapatistas y facilitar la identificación de posibles objetivos para los grupos paramilitares. Esta red clandestina, que incluía a civiles reclutados por el ejército, se utilizó como mecanismo para incrementar la presión y el control en las comunidades indígenas.

Las críticas al gobierno mexicano no solo provenían de organizaciones internacionales sino también de figuras nacionales. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia contra el expresidente Ernesto Zedillo por delitos de lesa humanidad relacionados con la matanza de Acteal. Esta acción, impulsada por organizaciones y personalidades diversas, se basaba en evidencias que apuntaban a la participación directa y indirecta del Estado mexicano en la masacre.

El informe de la CIDH subrayó las irregularidades en el proceso judicial y señaló la posibilidad de que los mandos militares estuvieran involucrados en la fabricación de pruebas para inculpar a individuos presuntos responsables. Estas acusaciones, respaldadas por evidencias documentales y testimonios, reflejan una serie de acciones del Estado mexicano que contribuyeron al desencadenamiento y desarrollo de los hechos violentos en Acteal.

El apoyo directo del ejército a grupos paramilitares y la formación de redes de inteligencia humana son aspectos clave en el análisis de las responsabilidades del Estado Mexicano durante este período. Estas acciones no solo permitieron la perpetuación de la violencia sino que también dificultaron la justicia y el proceso de reparación para las víctimas e indígenas afectados por la matanza de Acteal.

Reconocimiento por parte del Gobierno Mexicano En el contexto de los hechos ocurridos en Acteal, el reconocimiento oficial del gobierno mexicano se manifestó a través de la firma de un Acta Acuerdo de Solución Amistosa entre doce sobrevivientes y 18 familiares de víctimas. Este acuerdo, firmado en 2005, buscaba proporcionar una vía para el cierre del caso y la reparación de las heridas causadas por la masacre.

Sin embargo, esta medida no fue aceptada por todos los miembros de la comunidad. Las otras 14 familias y 27 sobrevivientes decidieron esperar un dictamen final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este desacuerdo reflejaba las profundas divisiones en la sociedad civil chiapaneca sobre cómo abordar el caso Acteal. Mientras que algunos buscaban una resolución amistosa, otros optaron por seguir luchando para obtener justicia a través de instancias internacionales.

Es importante destacar que, a pesar de estos pasos, la comunidad de Acteal continúa exigiendo garantías y responsabilidades del Estado Mexicano. En particular, la demanda presentada en 2005 contra el expresidente Ernesto Zedillo por delitos de lesa humanidad es un claro ejemplo de cómo los afectados buscan que se reconozca la responsabilidad política y judicial del gobierno durante su mandato.

Resumen

La matanza de Acteal ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, Chiapas, México. Este crimen atroz dejó un saldo de 45 muertos, entre ellos mujeres embarazadas y niños, y se produjo durante una ofensiva militar contra civiles que buscaba prevenir su adhesión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las Abejas, un grupo formado por indígenas tsotsiles, se deslindó del EZLN pero mantuvo una postura crítica contra el gobierno. El ataque duró siete horas y fue ejecutado por paramilitares que entraron sin previo aviso a la iglesia donde los miembros de Las Abejas rezaban

El impacto de Acteal fue profundo; el gobierno mexicano intentó justificarlo como un conflicto étnico, pero las acusaciones contra mandos militares y civiles implicados en la masacre continuaron. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 36 personas acusadas del crimen, argumentando que las pruebas utilizadas eran ilegales.