Líderes de la historia de México

El estudio de los gobernantes de México abarca la evolución institucional y política de la titularidad del Poder Ejecutivo desde la consumación de la Independencia nacional. Quienes han ocupado la jefatura de este poder han ejercido de forma simultánea las funciones de jefes de Estado y de jefes de Gobierno. Esta titularidad no ha mantenido un carácter estático, sino que se ha transformado en consonancia con los diversos regímenes políticos y sistemas constitucionales adoptados por el país a lo largo de su trayectoria histórica. Entre estas modalidades se incluyen dos experiencias monárquicas constitucionales bajo la figura de un emperador, múltiples etapas republicanas federales y centrales, así como diversos esquemas de excepción para la cobertura de vacantes presidenciales.

La cronología de las magistraturas ejecutivas en México destaca por una profunda complejidad, producto de la inestabilidad política que caracterizó a los primeros cincuenta y seis años de vida independiente y a la fase revolucionaria del siglo XX. Esta dinámica provocó que en cuatro momentos históricos coexistieran de manera paralela dos titulares del Ejecutivo, encabezando facciones opuestas en el marco de conflagraciones civiles o intervenciones extranjeras. Bajo el orden constitucional contemporáneo, la responsabilidad ejecutiva recae en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en quien se deposita el Poder Ejecutivo Federal.

Regímenes Monárquicos y Gobiernos Colegiados Fundacionales

El proceso de institucionalización del poder ejecutivo en México inició tras la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, acontecimiento que puso fin al régimen virreinal e hizo efectiva la independencia formalizada en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Este marco normativo estipuló un gobierno de tipo monárquico constitucional fundado en la división de poderes. El 28 de septiembre de 1821 se instaló la Soberana Junta Provisional Gubernativa para ejercer el Poder Legislativo y proclamar el Acta de Independencia. Agustín de Iturbide fue electo unánimemente como presidente de dicha Junta. Para la conducción del Poder Ejecutivo se estableció un órgano colegiado denominado Regencia, integrado originalmente por cinco miembros: Agustín de Iturbide (como su presidente), Juan O'Donojú, Manuel de la Bárcena, José Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León y Pérez. Tras la muerte de O'Donojú, Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla, se incorporó al cuerpo de regentes y asumió la presidencia de la Junta Provisional Gubernativa al considerarse incompatible que Iturbide presidiera ambos órganos.

El Congreso Constituyente, instaurado el 24 de febrero de 1822, renovó la composición de la Regencia del Imperio Mexicano el 11 de abril de ese mismo año, integrándola por Agustín de Iturbide, José Isidro Yáñez, Miguel Valentín y Tamayo, Manuel de Heras Soto y Nicolás Bravo. Ante las tensiones políticas emergentes, el 19 de mayo de 1822 el Congreso Constituyente, motivado por el respaldo popular y militar, proclamó a Agustín de Iturbide como emperador bajo el nombre de Agustín I, contando con Ana María de Huarte como consorte. No obstante, el descubrimiento de conspiraciones llevó a Iturbide a disolver el Congreso, lo que acentuó la oposición de la clase política. La posterior sublevación articulada mediante el Plan de Casa Mata proclamó la República, obligando a Agustín I a reinstalar el cuerpo legislativo y abdicar el 19 de marzo de 1823.

A la caída del Primer Imperio, el Congreso Constituyente decretó el establecimiento de un gobierno provisional depositado en un órgano colegiado denominado Supremo Poder Ejecutivo, el cual se mantuvo en funciones del 31 de marzo de 1823 al 10 de octubre de 1824. Este triunvirato, cuya presidencia era rotativa de carácter mensual entre sus integrantes, contó con la participación de titulares y suplentes para subsanar ausencias en la capital. Entre sus miembros figuraron Pedro Celestino Negrete, José Mariano de Michelena, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.

La Primera República Federal y el Régimen Centralista

Con la sanción del Acta Constitutiva de 1824 y la posterior promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, el país adoptó la forma republicana y federal. El Poder Ejecutivo se unificó en la figura del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, auxiliado por un vicepresidente que lo suplía en sus ausencias. La norma constitucional fijó un periodo de mandato de cuatro años, prohibió la reelección continua pero autorizó la alternada tras cuatro años de separación, e instituyó un mecanismo de elección indirecta mediante el voto de las legislaturas estatales. Guadalupe Victoria asumió como primer presidente constitucional el 10 de octubre de 1824, extendiéndose su mandato inicial para empatarlo con el inicio de la primera legislatura el 1 de enero de 1825. Victoria concluyó de manera completa su periodo hasta el 30 de marzo de 1829, superando intentos de desestabilización como el golpe promovido por el vicepresidente Nicolás Bravo.

El desarrollo institucional republicano se vio drásticamente alterado tras el Motín de la Acordada y la anulación de los comicios de 1828, lo que permitió a Vicente Guerrero asumir la presidencia constitucional en 1829 impulsado por el Partido Popular. Durante su administración se expidió el decreto de abolición total de la esclavitud en el territorio nacional y se repelió un intento de reconquista española en la Batalla de Tampico. El posterior levantamiento de su vicepresidente, Anastasio Bustamante, derivó en la separación temporal de Guerrero, el efímero interinato de José María Bocanegra, la instauración del Triunvirato compuesto por Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alamán, y el acceso de Bustamante al ejecutivo en 1830. El periodo posterior presenció una constante alternancia institucional marcada por la presencia de Valentín Gómez Farías —quien ejerció el poder ejecutivo en múltiples ocasiones como vicepresidente promoviendo las primeras reformas liberales— y de Antonio López de Santa Anna, así como por administraciones interinas como las de Melchor Múzquiz, Manuel Gómez Pedraza y Miguel Barragán.

La inestabilidad política propició el reemplazo de la estructura federal por un modelo centralista. La promulgación de las Siete Leyes en 1836 y, posteriormente, de las Bases Orgánicas en 1843 reestructuró el Poder Ejecutivo. Se definió la magistratura bajo el título de «Presidente de la República», extendiendo la duración del mandato a ocho años bajo la constitución de 1836 y a cinco años en el texto de 1843. La elección se realizaba mediante un procedimiento indirecto que involucraba a la Suprema Corte de Justicia, al Senado, a la Junta de Ministros, a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales. Durante este régimen gobernaron José Justo Corro —periodo en el cual Texas declaró su independencia—, Anastasio Bustamante en dos nuevos mandatos —enfrentando la Guerra de los Pasteles y alzamientos federalistas—, Nicolás Bravo, Francisco Javier Echeverría, Valentín Canalizo, José Joaquín de Herrera y Mariano Paredes y Arrillaga, combinados con repetidas administraciones de Antonio López de Santa Anna.

La Segunda República Federal, la Dictadura y la Era de la Reforma

En 1846, en el contexto de la conflagración provocada por la Intervención estadounidense en México, se reinstauró la Constitución de 1824, dando paso a la Segunda República Federal. Este periodo estuvo caracterizado por severas pérdidas territoriales formalizadas mediante la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo durante la gestión sustituta de Manuel de la Peña y Peña. Previamente ejercieron la titularidad del ejecutivo José Mariano Salas, Valentín Gómez Farías, Pedro María Anaya y Antonio López de Santa Anna. Tras el conflicto externo, José Joaquín de Herrera logró completar pacíficamente un mandato constitucional entre 1848 y 1851, siendo sucedido por Mariano Arista, quien renunció en 1853 a consecuencia de la insurrección enmarcada en el Plan del Hospicio. La posterior transición encomendada a Juan Bautista Ceballos y Manuel María Lombardini derivó en el retorno al poder de Antonio López de Santa Anna.

La última administración de Antonio López de Santa Anna (1853-1855) asumió tintes dictatoriales. Se autodenominó «Su Alteza Serenísima», restableció lineamientos del centralismo, oficializó el Himno Nacional Mexicano y suscribió el Tratado de La Mesilla, mediante el cual se cedió a Estados Unidos una franja territorial al norte de Sonora y Chihuahua. Este régimen concluyó con el triunfo de la Revolución de Ayutla, que dio paso al periodo de la Reforma.

La Reforma se inició con las administraciones de Martín Carrera, Rómulo Díaz de la Vega, Juan Álvarez —en cuyo interinato en Cuernavaca comenzaron a expedirse las Leyes de Reforma— e Ignacio Comonfort. Bajo la gestión de Comonfort se promulgó la Constitución de 1857, la cual instituyó la elección universal e indirecta de primer grado para la presidencia de la república. Tras el autogolpe de Estado promovido por el propio Comonfort y el estallido de la Guerra de Reforma, el país experimentó una fractura institucional. Benito Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió la presidencia interina del bando liberal, mientras que el Partido Conservador, al amparo del Plan de Tacubaya, designó mandatarios paralelos establecidos en la Ciudad de México, entre los que figuraron Félix María Zuloaga, Manuel Robles Pezuela, José Mariano Salas, Miguel Miramón y José Ignacio Pavón. La contienda militar concluyó temporalmente con la victoria liberal en la Batalla de Calpulalpan a finales de 1860.

El Segundo Imperio y la República Restaurada

La suspensión de pagos de la deuda externa decretada por el gobierno republicano sirvió de pretexto para la Segunda Intervención Francesa. La ocupación de la capital provocó la salida del gobierno de Benito Juárez hacia San Luis Potosí y el establecimiento de órganos ejecutivos dominados por el Partido Conservador y las tropas invasoras. En 1863 se creó la Junta Superior de Gobierno, presidida por Teodosio Lares, sucedida por una Regencia del Imperio compuesta por Juan Nepomuceno Almonte, José Mariano Salas, Pelagio Antonio de Labastida (reemplazado posteriormente por Juan Bautista Ormaechea) y José Ignacio Pavón. Una comisión de notables conservadores ofreció la corona de México a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, quien aceptó el trono e instaló el Segundo Imperio Mexicano junto a su esposa Carlota de Bélgica.

Paralelamente, el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez mantuvo la resistencia armada y la continuidad institucional. Ante la imposibilidad de celebrar elecciones por el estado de guerra, el Congreso de la Unión emitió un decreto el 8 de noviembre de 1865 mediante el cual prorrogo el mandato presidencial de Juárez hasta la consecución de la paz y el restablecimiento de la República. Tras la retirada de las fuerzas militares francesas, Maximiliano I fue aprehendido y ejecutado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867, mientras que la emperatriz Carlota permaneció en Bélgica.

Con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México en 1867 inició la fase conocida como la República Restaurada. Juárez triunfó en los comicios constitucionales de 1867 y fue reelecto en 1871 tras una definición realizada por la Cámara de Diputados al no obtenerse mayoría absoluta en el Colegio Electoral. Tras el fallecimiento de Juárez en 1872, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, asumió la presidencia interina y posteriormente la constitucional tras ganar la elección respectiva. En 1876, la pretensión de Lerdo de Tejada de reelegirse provocó la autoproclamación de José María Iglesias como presidente legalista y el levantamiento armado capitaneado por Porfirio Díaz mediante el Plan de Tuxtepec, el cual culminó con la renuncia de Lerdo.

El Porfiriato y la Revolución Mexicana

El triunfo del Plan de Tuxtepec marcó el inicio del Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder primeramente de facto en 1876, cedió de forma transitoria la presidencia interina a Juan Nepomuceno Méndez y asumió formalmente el mandato constitucional tras ganar comicios extraordinarios para el periodo 1877-1880. Entre 1880 y 1884 la presidencia recayó en Manuel González Flores, durante cuya administración se dio un amplio impulso a la infraestructura ferroviaria y crediticia, destacando la fundación del Banco Nacional de México. Díaz retornó a la magistratura en 1884 y logró mantenerse de forma ininterrumpida en el cargo a través de sucesivas reelecciones en 1888, 1892, 1896, 1900, 1904 y 1910. Su régimen promovió la industrialización, el tendido de redes de comunicación y la modernización urbana, a la par que consolidó un esquema político autoritario respaldado por agrupaciones de apoyo coyuntural como el Círculo Nacional Porfirista y el Partido Nacional Reeleccionista. En las postrimerías del régimen, severas tensiones sociales derivaron en conflictos laborales de gran magnitud, tales como las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la Guerra del Yaqui.

La Revolución Mexicana quebrantó la estructura porfirista. Tras la renuncia de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral en mayo de 1911, Francisco León de la Barra asumió la presidencia interina. En las elecciones extraordinarias de 1911 resultó electo Francisco I. Madero, abanderado del Partido Constitucional Progresista. El gobierno maderista fue derrocado en febrero de 1913 por un golpe militar respaldado por una maniobra legislativa en la que Pedro Lascuráin ocupó la presidencia por menos de 45 minutos para nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y presentar su renuncia, formalizando la ascensión de Huerta e iniciando una dictadura militar. Tras la dimisión de Huerta en 1914, Francisco Carvajal ocupó brevemente la presidencia antes de firmar los Tratados de Teoloyucan.

El movimiento revolucionario se dividió posteriormente en dos facciones principales con sus respectivos ejecutivos. Por un lado, la Convención de Aguascalientes nombró presidentes interinos a Eulalio Gutiérrez Ortiz, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro. Por otro lado, la facción constitucionalista fue liderada por Venustiano Carranza, quien ejerció la titularidad del ejecutivo de facto como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista desde 1914 y, tras la promulgación de la Constitución de 1917, se convirtió en el primer presidente electo por sufragio directo en la historia del país. Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en mayo de 1920 durante la insurrección enmarcada en el Plan de Agua Prieta.

El Periodo Posrevolucionario, el Maximato y la Era Contemporánea

Tras el deceso de Carranza, Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente sustituto por el Congreso para pacificar el país y convocar a elecciones nacionales. El periodo posrevolucionario se consolidó con el gobierno constitucional de Álvaro Obregón (1920-1924), durante el cual se suscribieron los Tratados de Bucareli y se impulsaron las misiones culturales a través de la Secretaría de Educación Pública encabezada por José Vasconcelos. Le sucedió Plutarco Elías Calles (1924-1928), cuya aplicación de leyes restrictivas en materia de culto desencadenó la Guerra Cristera. Al final de su sexenio, promovió una reforma para extender el mandato presidencial a seis años.

El asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, previo a tomar posesión de su segundo mandato, dio origen a la etapa conocida como el Maximato. En esta fase, tres presidentes ejercieron el cargo bajo la influencia política de Calles: Emilio Portes Gil (interino, durante cuya gestión se fundó el Partido Nacional Revolucionario [PNR] y se otorgó la autonomía a la Universidad Nacional de México), Pascual Ortiz Rubio (electo en 1829 y que dimitió en 1932 alegando interferencias en su mandato) y Abelardo L. Rodríguez (sustituto, quien promulgó la reforma antirreeleccionista para todos los cargos de elección e instituyó el salario mínimo).

Con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) concluyó el Maximato y se consolidaron las presidencias sexenales. Cárdenas decretó la expropiación petrolera, fundó Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); transformó el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y brindó asilo político a los refugiados de la Guerra Civil Española y a León Trotski.

Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México ingresó a la Segunda Guerra Mundial con la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y el PRM se reorganizó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. Los gobiernos posteriores del PRI mantuvieron la hegemonía política:

• Miguel Alemán Valdés (1946-1952) otorgó el voto femenino en comicios municipales y promovió la industrialización.
• Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) concedió el voto universal a la mujer y estableció el modelo del desarrollo estabilizador.
• Adolfo López Mateos (1958-1964) nacionalizó la industria eléctrica, creó el ISSSTE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
• Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) enfrentó el movimiento estudiantil de 1968, reprimido en la Masacre de Tlatelolco, y albergó los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970.
• Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) ejerció una política de represión contra disidentes —registrándose la Matanza del Jueves de Corpus en 1971— y finalizó la etapa del tipo de cambio fijo.
• José López Portillo (1976-1982) impulsó una reforma política, encabezó el auge de la explotación petrolera y decretó la estatización bancaria al término de su mandato tras una severa devaluación.
• Miguel de la Madrid (1982-1988) gestionó la crisis económica caracterizada por hiperinflación, enfrentó las consecuencias del terremoto de 1985 en la Ciudad de México y albergó la Copa Mundial de Fútbol de 1986.
• Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) implementó privatizaciones masivas de empresas estatales, firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y enfrentó la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
• Ernesto Zedillo (1994-2000), candidato sustituto tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, convirtió la cartera vencida del Fobaproa en deuda pública.

El siglo XXI inició con la alternancia partidista al triunfar Vicente Fox Quesada en el año 2000 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), concluyendo 71 años ininterrumpidos de hegemonía del PRI. Su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también del PAN, inició la estrategia militarizada contra el crimen organizado y decretó la extinción de la compañía pública Luz y Fuerza del Centro. En 2012 el PRI retornó a la presidencia con Enrique Peña Nieto, periodo en el que se aprobaron reformas estructurales en materia energética y educativa, enfrentando paralelamente señalamientos por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. En 2018, Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia mediante la coalición encabezada por Morena, impulsando políticas sociales orientadas al bienestar, infraestructura pública y reformas administrativas. Para el periodo iniciado en octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo fue electa con la mayor votación registrada en la historia nacional, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la Jefatura del Estado y del Gobierno en México.

Tipología Constitucional, Filiación Política y Estadísticas Históricas

La historiografía del ejecutivo mexicano clasifica a sus gobernantes según la naturaleza y origen de su mandato:

• Presidente constitucional: Electo según los mecanismos vigentes en la carta magna.
• Presidente interino: Designado constitucionalmente para suplir temporalmente la ausencia del titular.
• Presidente sustituto: Nombrado para concluir un sexenio o cuatrienio interrumpido por fallecimiento, renuncia, incapacidad o revocación de mandato.
• Presidente provisional: Transitorio, en tanto el órgano competente elige a un titular, interino o sustituto.
• Vicepresidente en ejercicio de la presidencia: Figura propia de la Constitución de 1824 que permitía al vicepresidente suplir ausencias sin transformarse legalmente en presidente, siendo Valentín Gómez Farías el caso más representativo.
• Presidente de facto: Quien toma el cargo al margen de los procedimientos institucionales.
• Titular del Ejecutivo: Quien asume la conducción del poder público sin mecanismos constitucionales ni la denominación explícita de presidente para posteriormente regularizar su situación legal, como hicieron Porfirio Díaz y Venustiano Carranza.

Desde la consumación de la independencia, el poder ejecutivo de México se ha depositado en 3 órganos colegiados (Regencias de 1821, 1822 y 1864, el Supremo Poder Ejecutivo de 1823-1824 y el Triunvirato de 1829), 2 emperadores (Agustín I y Maximiliano I) y 66 personas que han ocupado la presidencia (65 hombres y una mujer) a lo largo de 107 periodos gubernamentales. De estos periodos, 52 fueron constitucionales, 33 interinos, 6 ejercicios vicepresidenciales, 4 de facto, 6 provisionales y 6 sustitutos.

En materia de adscripción política, resulta ambiguo asignar militancias partidistas formales durante las primeras tres décadas de vida independiente debido a la ausencia de partidos políticos modernos en la legislación. Las primeras agrupaciones operaron como logias masónicas (rito escocés para conservadores y rito yorkino para liberales), derivando paulatinamente en el Partido Liberal y el Partido Conservador en la década de 1850. Dentro de las fuerzas políticas que han llevado representantes a la presidencia destacan el Partido Revolucionario Institucional (14 mandatarios), el Partido Liberal (13), el Partido Conservador (12), postulaciones independientes (8), el Partido del Orden (5), el Partido Laborista Mexicano (3), el Partido Popular (2), el Partido del Progreso (2), el Partido Constitucional Progresista (2), el Partido Liberal Constitucionalista (2), el Partido Acción Nacional (2) y Morena (2). Adicionalmente, organizaciones como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han triunfado dentro de coaliciones electorales, sin constituir formalmente gobiernos de coalición en el ejercicio del poder.

Geográficamente, con excepción de Maximiliano I (nacido en Viena, Imperio Austríaco), todos los gobernantes nacieron en el actual territorio nacional. La Ciudad de México encabeza la cifra con 14 mandatarios, seguida por Veracruz (8), Estado de México (6), Coahuila (5), así como Puebla, Sonora y Michoacán (4 cada una). Por el contrario, ninguna persona originaria de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala o Yucatán ha ocupado la presidencia. Asimismo, ningún gobernante nació en los territorios cedidos a Estados Unidos tras la intervención de 1846-1848 ni en las provincias centroamericanas.

Entre las circunstancias relativas a la integridad y fallecimiento de los mandatarios, solo tres murieron en el ejercicio directo de la jefatura de Estado: Maximiliano I (fusilado en 1867), Benito Juárez (por causas naturales en Palacio Nacional en 1872) y Venustiano Carranza (asesinado en 1820). Miguel Barragán falleció por enfermedad días después de dimitir al cargo en 1836, Francisco I. Madero fue asesinado en 1813 tras ser obligado a renunciar, y Álvaro Obregón ha sido el único presidente electo ultimado antes de asumir el puesto en 1928. Por otro lado, seis gobernantes fueron blanco de atentados directos o agresiones contra su vida: Benito Juárez (interceptado en Guadalajara en 1858), Porfirio Díaz (agredido durante los festejos patrios de 1897), Emilio Portes Gil (atentado con explosivos contra el tren presidencial en 1929), Pascual Ortiz Rubio (herido por proyectil de arma de fuego en 1930), Manuel Ávila Camacho (disparado a quemarropa en Palacio Nacional en 1944) y Gustavo Díaz Ordaz (cuyo vehículo comitiva recibió disparos en 1970).

Resumen

La titularidad del Poder Ejecutivo en México refleja las transformaciones institucionales, sociales e ideológicas del país desde la consumación de su independencia. A lo largo de más de dos siglos, la conducción del Estado se ha ejercido mediante imperios, repúblicas federales, regímenes centralistas, dictaduras y órganos colegiados interinos, adaptándose a las sucesivas cartas magnas y a los requerimientos coyunturales de cada etapa histórica. La constante búsqueda de estabilidad política moduló la transición desde una primera mitad del siglo XIX dominada por las facciones conservadoras y liberales y caracterizada por la inestabilidad, hacia la consolidación institucional tras la Revolución Mexicana.

El desarrollo del ejecutivo mexicano muestra una evolución en sus procedimientos de elección, pasando de esquemas indirectos supervisados por legislaturas o colegios electorales al sufragio directo y universal. Asimismo, el panorama ideológico viró desde las alineaciones decimonónicas hacia la conformación de partidos políticos estructurados en el siglo XX y el establecimiento de la alternancia democrática en el siglo XXI. Con la integración de diversas fuerzas políticas y el acceso de la primera mujer a la presidencia, la historia de las magistraturas ejecutivas continúa siendo el eje central para comprender la estructura del poder público y el orden constitucional de México.